El equipo de gobierno de Vila desestimó ayer en un pleno extraordinario, con el voto en contra de PP y Ciudadanos, los recursos de reposición de los propietarios de la zona de Cas Mut contra la moratoria urbanística, de un año de duración, aprobada en noviembre. Ante las críticas de la oposición, la primera teniente de alcalde de Ibiza, Elena López, reconoció que «quizá se debería haber firmado el convenio» que los propietarios de la zona de Cas Mut propusieron al equipo de gobierno en 2015 para reducir la edificabilidad de sus parcelas.

«Díganle equivocación si quieren», agregó López, que explicó que en ese momento se optó por no cerrar el acuerdo porque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que ya se incluía la reducción de los parámetros de la zona que planteaban los mismos afectados, «se iba a aprobar» y se trataba de evitar, con ello, «una doble tramitación».

López destacó que, con este acto, los propios propietarios reconocieron «explícitamente» el impacto «exagerado» que supondría el desarrollo urbanístico de esta zona al amparo del PGOU de 1987, actualmente en vigor (debido a los problemas para aprobar su revisión), lo que ha llevado al equipo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos a aprobar la moratoria. «Si pretendemos protegerlo o pensar cómo queremos que sea, hay que evitar que se den licencias. Claro que hay una urgencia», justificó la concejala de Urbanismo.

El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, criticó que el equipo de gobierno se ha erigido «en el peor enemigo de la sostenibilidad y protección del territorio» al buscar «atajos» en la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico, que sólo provoca que «se lo tumben todo». «Lo suyo es una fachada», agregó, al tiempo que advirtió de que, en su día, el Ayuntamiento debería haber aceptado el convenio que proponían los propietarios y evitar «el riesgo de que ahora tenga que pagar indemnizaciones». «Se habría evitado todo. Se lo advertimos y no nos hicieron caso», subrayó Marí Bosó.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, insistió en que la moratoria es «arbitraria» y exhibió un plano con las parcelas edificadas y en las que se han concedido licencias que, según resaltó, evidencian que sólo queda en Cas Mut un 33% del espacio por desarrollar. «No veo cuál es el valor paisajístico de este espacio. Cuando se hayan acabado las obras de las licencias que ustedes han otorgado, no tendrá nada que ver con lo que se ve ahora. En un año veremos el auténtico impacto. Ya no hay solución. Hemos matado ya este polígono», destacó. Rodríguez dijo con ironía que su grupo apoyaría que el equipo de gobierno «expropiara todo y reforestara la zona». «Eso sí sería protección», abundó.

Una planta menos

Una planta menos

El PGOU de 1987 en vigor permite construir planta baja y dos alturas, mientras que el planeamiento en tramitación (con el que se han concedido las licencias) permite sólo una altura. La concejala de Urbanismo remarcó tras el pleno que para evitar que se pueda construir de nuevo con base en los parámetros del PGOU de 1987 y que lo ya edificado se pueda ampliar aplicando la misma normativa, se ha optado por suspender la concesión de licencias y replantear la edificabilidad de esta zona.

Rodríguez también criticó durante el debate del pleno que el Consistorio aprobó la moratoria sin un informe jurídico, sólo «un visto». Este es precisamente uno de los argumentos que esgrimen los propietarios en su recurso para invocar la nulidad de la moratoria. Para responder a los recursos, el equipo de gobierno ha contratado, además, a un gabinete externo. «¿No confía en los servicios jurídicos de esta casa?», cuestionó el portavoz de Cs.

Elena López le dio la vuelta a este argumento y recordó que fue la oposición la que puso en duda a los servicios jurídicos al apuntar que la moratoria era «ilegal». Acto seguido, la concejala incidió que la contratación de asesorías externas es «una práctica común» porque no se puede cubrir la carga de trabajo existente. Además, destacó que el secretario de la Corporación ha ratificado el contenido del informe externo.