Desde el pasado día 1 de enero ha entrado en vigor la normativa internacional que obliga a los buques a usar combustibles con menos contenido en azufre, que es una de las sustancias más contaminantes que emiten cargueros, cruceros y otros barcos a motor, con una gran incidencia en la salud humana y el medio ambiente.
Hasta 2019 este tipo de barcos podían usar combustibles con un máximo de 3,5% de azufre, pero a partir del día 1 de enero el contenido máximo ya no debe superar el 0,5%. La normativa no establece posibilidad de excepciones en el caso del Mar Mediterráneo.
Por ello, la plataforma social Terraferida de Mallorca ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) que «verifique que los cruceros y el resto de barcos han empezado a cumplir con la normativa desde el primer día de 2020, exigiendo las certificaciones que demuestren el cambio».
En un comunicado, esta entidad destaca que el cumplimiento de la nueva norma por parte de los cruceros «es especialmente importante» en los puertos de Balears. «De hecho, los cruceros de lujo de una sola compañía, Carnivel Corporation, emitieron en un año diez veces más óxidos de azufre que los 260 millones de coches que había en Europa en 2017», afirma Terraferida citando un estudio de la entidad Transport&Environtment.
Motores siempre encendidos
Motores siempre encendidos
«Recordemos que los cruceros tienen los motores encendidos siempre para mantener todo su sistema activo, por lo que el uso de combustible es enorme», afirma la entidad, que recientemente realizó un estudio referido a los cruceros que recalan en el puerto de Palma, los cuales «habrían quemado 77.000 toneladas de fueloil en solo quince meses, una cantidad equivalente al vertido del petrolero Prestige en 2002. Los 87 cruceros que amarraron en Palma en 2018 tuvieron encendidos los motores durante 6.766 horas y emitieron 3.445 toneladas de dióxido de azufre», añade.
El mismo comunicado indica que la Autoridad Portuaria de Balears «no ha ofrecido hasta ahora ninguna información pública» sobre la entrada en vigor de esta nueva normativa, «de gran interés para la población». «De hecho, la opinión pública ni siquiera conoce si la APB está solicitando las certificaciones que demuestran el cambio de combustible de las compañías, como es su obligación».
