El Ayuntamiento de Sant Antoni proyecta promover este año una consulta popular para decidir el futuro del puerto: si se tiene que permitir el desembarco de vehículos de pasajeros y de camiones de mercancías. El Govern balear aprobó en marzo del año pasado la suspensión temporal, hasta 2020 o la aprobación del plan general de puertos que debe regular sus usos, del tráfico de mercancías y vehículos, lo que provocó división política y críticas del PP.
El nuevo tripartito de centroderecha (PP, Proposta per Eivissa y Ciudadanos) incluyó en el punto 5 de su pacto de gobierno «promover una consulta ciudadana para asegurar la mejor solución referente a la apertura y a la no privatización del puerto de Sant Antoni». El alcalde, Marcos Serra, del PP, asegura que este proceso se debe llevar a cabo «a lo largo de este año», aunque reconoce que desconoce de qué manera. «Ya veremos qué sistema adoptamos: que sean los vecinos directamente o las distintas asociaciones constituidas en el municipio las que decidan qué futuro quieren para el puerto», explica.
Serra ya ha hablado sobre este asunto con representantes de la Pimeef y la CAEB y de otros colectivos. «Muchas asociaciones, de una manera u otra, representan a la mayoría de los vecinos de Sant Antoni. También está el comité ciudadano del plan estratégico que tiene una importante representación del pueblo», indica.
Precisamente, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Eivissa, prevé que en la próxima reunión del comité ciudadano se incluya este punto para empezar a pulsar la opinión ciudadana sobre si se debe mantener la suspensión temporal del desembarco de camiones y vehículos en el puerto.
Mejor ocupación hotelera
Torres recuerda que «la moratoria actual» acaba el 1 de enero de 2021, por lo que considera que en los primeros meses de este año se debería avanzar en este asunto. El primer teniente de alcalde apunta que en el pasado verano, sin tráfico de mercancías ni de coches de pasajeros, la ocupación hotelera de Sant Antoni fue «mejor» que la anterior.
Los socios del Club Nàutic de Sant Antoni ya se han pronunciado. En la asamblea convocada a mediados del pasado mes de diciembre se aprobó por unanimidad la puesta en marcha del proyecto 'Salvem sa badia de Portmany', que, entre otras propuestas, incluye la de mantener el veto actual: que no haya tráfico de mercancías ni rodado. «El tráfico de barcos en la bahía tiene afecciones más negativas que positivas», explica el gerente del club, Juan Vicente Roselló. Es Nàutic defiende que en Sant Antoni sólo atraquen «barcos pequeños exclusivamente de pasajeros», según Roselló.
Dos exalcaldes del PSOE y el PP, José Tur Cires y Antoni Marí Tur, Botja son, respectivamente, el presidente y el vicepresidente de Es Nàutic. Sin embargo, el PP criticó en el pasado mandato el proyecto de ley de medidas de protección de la bahía de Sant Antoni, que finalmente no se aprobó (porque Ports de Balears decretó la suspensión temporal del tráfico de mercancías y vehículos) porque suponía «el cierre a cal y canto de un puerto en expansión» y además ponía «en jaque la movilidad de la isla». Marcos Serra, que entonces era candidato a la alcaldía, denunció que la propuesta legislativa no recogía la voluntad de la declaración institucional del Ayuntamiento, cuya intención no era otra que librar al puerto del transporte de mercancías para mejorar la seguridad y estética pudiéndolo compaginar con la llegada de cruceros. «Ahora nos encontramos con que se cambia la categoría del puerto y se restringe toda actividad de ferris», dijo.
Al menos, vehículos de pasajeros
Ahora, Marcos Serra reconoce que el tráfico de mercancías causa «un perjuicio», pero defiende que «como mínimo» Ports de Balears, dependiente del Govern balear, permita el desembarco de vehículos de pasajeros. De todos modos, «se aprobó el decreto que lo prohibía todo en contra de lo pactado inicialmente», recuerda.
Sant Antoni puede organizar una consulta directa a los ciudadanos, tal como pactó el tripartito, porque la ley de consultas de Balears está en vigor. Eso sí, deberían pedir autorización previa al Estado, ya que así lo contempla la ley estatal de régimen de bases locales, que es de rango superior. De hecho, según las fuentes consultadas, esta misma ley estatal permite a los consistorios la convocatoria de consultas «vinculantes», siempre con el visto bueno previo del Gobierno central, al margen de que la balear estuviera o no en vigor. A diferencia de los municipios, los consells y el Govern balear no puede convocar una consulta ciudadana, sin la nueva legislación balear, porque no dispone de los datos del censo.
En el pasado mandato, el PP, entonces en la oposición, presentó una moción para reclamar la convocatoria de una consulta popular para decidir sobre los usos portuarios que fue rechazada por el anterior tripartito de centro izquierda, del que también participaba PxE. El gobierno anterior defendió, en contra de los populares, que Sant Antoni tampoco debe ser un puerto de escala de cruceros.
