2020 será el año de la fiscalización de las tarifas aéreas. El año arranca con el anuncio de que también el Tribunal de Cuentas controlará cómo se están comportando los precios tras el incremento del descuento para residentes al 75%, que lleva en vigor un año y medio; el mismo tiempo en el que no han dejado de arreciar las críticas a las aerolíneas por cómo se han encarecido los billetes cuando el comprador es un ciudadano de Balears, Canarias, Ceuta o Melilla con derecho a la bonificación.

El órgano de control del sector público dependiente de las Cortes Generales controlará la evolución de las tarifas -como adelantó ayer la Cadena Ser- para comprobar que no se produzcan subidas injustificadas ante las adquisiciones de billetes por parte de los residentes que, a priori, deberían beneficiarse de la aportación de las arcas públicas para compensar la insularidad.

Ejercicios 2018 y 2019

Ejercicios 2018 y 2019

El Tribunal de Cuentas en su programa para 2020 incluye en el apartado de sus propias iniciativas «la fiscalización de las ayudas al transporte aéreo financiadas con cargo al Programa 4410 del Ministerio de Fomento, ejercicios 2018 y 2019». El año previsto de aprobación es 2021.

Para las arcas estatales la bonificación supuso un presupuesto en 2018 de 532 millones de euros. Y para 2019 se iban a superar los 625 millones, según datos que el ministro José Luis Ábalos brindó en el Congreso el pasado septiembre, cuando un año antes había anunciado que la partida sería de 462 millones. El gasto se disparó un 35%.

Desde el incremento de la bonificación del 50%, en vigor en 2007, al 75%, a partir de julio de 2018, las quejas ante las alzas de los billetes, cuando el comprador es un viajero con derecho al descuento, han sido continuas. Basta para muestra el análisis que realizó el economista de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Aleix Calveras, difundido en este diario, sobre los precios de los billetes para volar en el puente de la Constitución desde Palma con destino a Madrid y Barcelona y viceversa. Calveras constató que las tarifas se incrementaban antes de aplicar la subvención. El pasajero que volaba desde Mallorca pagaba casi tres veces más que el viajero que hacía la ruta Madrid-Palma.

El economista de la UIB denunciaba que los fondos públicos acaban en el bolsillo de las aerolíneas y abogaba por la aplicación de un descuento fijo por pasajero y destino.

También la asociación de Agencias de Viajes de Balears (Aviba) denunció que algunas aerolíneas habían subido los precios un 27%. Y desde el otro archipiélago afectado, Canarios Sin Alas consideran que «es evidente» que una subvención aplicada «sin control provoca una distorsión en la supuesta ley de la oferta y la demanda». La asociación critica, además, «el error histórico» de facilitar la movilidad solo en un sentido, en referencia a los canarios que ya no están empadronados en sus islas de origen.

Además de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está revisando el sistema de subvenciones, según avisó Ábalos. Y la Universidad Pompeu Fabra prepara un estudio para ver el efecto del incremento del descuento. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hará público su propio informe. Ya su presidente, José María Marín, advirtió ante el Parlamento canario que las bonificaciones se «traducen en una subida de precios» y criticó que se apliquen a los billetes en clase business.

Mientras, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) manifiesta su «respeto absoluto a la decisión del Tribunal de Cuentas en favor de la transparencia». «Colaboramos con las administraciones y actuamos como intermediarias ya que las subvenciones están reguladas por ley y es el Gobierno el que determina su porcentaje», añade.