El departamento de Gestión del Territorio del Consell de Ibiza informó ayer de que ha ordenado la inmediata suspensión de «los actos de construcción o instalación, o cualquier otra transformación o uso del suelo, que se estaban ejecutando en una parcela en [suelo] rústico común de Sant Josep».

Según explicó la institución insular en un comunicado de prensa, tras recibir un escrito de denuncia y fotografías de los trabajos en septiembre de 2019, el celador pudo comprobar cómo en la finca se construían varias edificaciones y una piscina, con características de un establecimiento turístico.

El celador manifestó que la propiedad de la finca reconoció que no disponía de licencia de obras.

En este primer comunicado, el Consell indicaba que «no ha habido actuaciones del Ayuntamiento competente en base a los requerimientos hechos desdes del Consell». Horas más tarde, rectificaba: «[Con respecto a la nota] desde el departamento de Gestión del Territorio queremos hacer constar que sobre los procedimientos que manifiesta que no han existido por parte del Ayuntamiento de Sant Josep, esto se deben a que, a pesar de los requerimientos realizados desde el Consell, no han sido comunicados» a la institución insular.

«Esto, no obstante, no quita que no pueda haber algún procedimiento municipal que no ha sido notificado al Consell y que, en todo caso, sería compatible con la suspensión de la obra acordada», agregaron desde la institución.

Poco después de hacerse pública la primera nota del Consell, el Ayuntamiento matizaba que están «actuando desde el principio» ante esta presunta infracción y, de hecho, explicaron que en la primera inspección estuvo presente uno de sus celadores de obras. «[El Consell] no puede alegar que no haya habido actuaciones del Ayuntamiento porque hemos estado encima de todo el procedimiento, al margen de dónde llegara la primera denuncia».

El Consell «no es competente»

El Consell «no es competente»

Desde el Consistorio advirtieron de que el Consell «no es competente en suelo rústico, por lo que no entendemos el sentido de ordenar la paralización porque estaríamos en una situación en la que el Consell se subrogaría las competencias, que son del Ayuntamiento».

El Ayuntamiento explicó que la primera inspección se produjo hace tres semanas, y «la semana siguiente sólo fue el celador municipal para medir lo presuntamente ilegal». Días después, la propiedad registró en el Consistorio «varios expedientes: de legalización, de segregación y de demolición». Hasta que no se sustancien estos expedientes no se iniciarán los de sanción, porque de ellos puede derivarse la subsanación de las irregularidades, apuntaron las mismas fuentes municipales.

En cualquier caso, el Consell en su nota explica que el incumplimiento de esta orden de suspensión (en su aclaración posterior no mencionan si es o no competente) puede suponer la imposición de multas coercitivas sucesivas para periodos mínimos de diez días y una cuantía en cada ocasión del 10% del valor de las obras ejecutadas y, como mínimo, de 600 euros.

Cabe recurso

Cabe recurso

Según añade, la medida cautelar no frena la vía administrativa y admite un recurso de alzada en el plazo de un mes. Contra la desestimación expresa del recurso se puede interponer un contencioso administrativo en el plazo de dos meses o cualquier otro recurso que la propiedad considere oportuno.

El Consell destaca que la pasada semana informó de dos demoliciones producidas en dos viviendas ejecutadas de manera ilegal, con la reposición del suelo que ocupaban. El conseller Mariano Juan recordó que es un «compromiso del equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, ser escrupulosos con la preservación del entorno y el cumplimiento de las normas. En Ibiza no todo vale y el Consell debe plantar cara a los posibles incumplimientos».