Los propietarios de Cas Mut advierten de que la moratoria les causará graves perjuicios

Los afectados consideran «nula de pleno derecho» la moratoria por diversos defectos de tramitación, como la falta de un informe jurídico que lo avale, entre otras cosas, y reclaman que se derogue. El pleno deberá someter a votación el recurso y, en el caso de que se deniegue, abrirán la vía judicial.

En su recurso, los propietarios avisan de que si el equipo de gobierno mantiene la moratoria en Cas Mut se reclamarán las correspondientes indemnizaciones. De hecho, la concejala de Urbanismo, Elena López, ya reconoció en el último pleno que, con la aprobación de la moratoria, se asumía «el riesgo» de tener que pagar por «proteger el territorio y minimizar el impacto paisajístico» de la zona.

Ahora bien, los afectados apuntan que indemnizar «resulta fácil para la Administración», pero los perjuicios que se les ocasionan son «mucho mayores e irreparables para algunos de los propietarios». «En efecto, la demora de un año puede suponer la pérdida o, en todo caso, el empeoramiento económico de estos propietarios, los más endeudados o los que se encuentran en una situación más débil, así como una posible resolución de las ventas de parcelas o compromisos concertados con la correspondiente construcción o licencia...».

Los propietarios recuerdan que se trata de una zona urbanizada, aunque el Ayuntamiento no la ha recepcionado todavía por «deficiencias». Pese a ello, el Consistorio ha otorgado licencias. Actualmente, hay siete proyectos en construcción, más otras cinco licencias otorgadas y 10 solicitudes más pendientes de resolución. Así, sumando las siete edificaciones existentes y las licencias otorgadas, de las 62 parcelas edificables, se ha consolidado entre un 30 y un 50% del conjunto.

Construcciones de tres alturas

El Consistorio ha acordado suspender la ejecución de licencias sólo en Cas Mut porque al decaer la moratoria que afectaba a todo el municipio, tras agotarse el plazo legal previsto para aprobar el nuevo planeamiento urbanístico, se aplica de nuevo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987 que contemplaba una mayor edificabilidad, con edificaciones de hasta tres alturas.

De todos modos, el recurso de la junta de compensación destaca que, cuando el PGOU de 2015 fue anulado por los tribunales por un defecto de forma, los propios propietarios plantearon al Ayuntamiento por «iniciativa propia» la firma de un convenio para incorporar en la nueva revisión las condiciones urbanísticas aprobadas en el anterior, más restrictivas que las del PGOU de1987. «Se expresaba la voluntad de no aplicar los parámetros del PGOU de 1987, a cuya hipotética aplicación se aferra el pleno para decretar la suspensión sin haberse pronunciado previamente sobre aquella propuesta», destaca el recurso.

Por ello, en su defensa, los afectados alegan que si la intención del Consistorio es la de mantener los parámetros previstos en el nuevo planeamiento urbanístico, antes de acogerse a «una infundada e inmotivada nueva suspensión de licencias», debería haber concertado el convenio que le propuso, en este sentido, la propiedad.

Defectos de tramitación

Más allá de estas cuestiones, el recurso de reposición advierte de que la moratoria es «nula de pleno derecho» por la falta de un informe jurídico que la avale. Este defecto también provoca, según los propietarios, que el acuerdo adoptado, con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención del PP y Ciudadanos, sea «arbitrario».

Los propietarios de Cas Mut alegan que el incumplimiento de «los requisitos formales indispensables» suponen una «situación de indefensión». También subrayan que el acuerdo «carece de cualquier motivación», ya que «no se expresan las razones o características que singularizan este polígono de otros del municipio y que le hagan acreedor de esta medida de suspensión de licencias, así como la urgencia en su adopción».