El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, espera que el Ministerio de Justicia reconsidere la decisión de ubicar juntos, en la mismo piso del nuevo edificio judicial de sa Graduada, los juzgados de Violencia Sobre la Mujer y de lo Social, ya que considera que «desde el punto de vista operativo la reunión de ambos órganos en la misma planta es algo difícilmente conciliable».
«Ya se lo he comunicado a la compañera del Juzgado de lo Social [la jueza], y le he dicho que pese a las buenas voluntades, la realidad demuestra que, en la práctica, va a ser difícilmente conciliable y poco operativa la reunión [de ambos órganos] en una misma planta, codo con codo, es decir, separados sólo por un armario», declaró el juez decano, que también es el magistrado titular del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer.
Torres espera que el Ministerio de Justicia comprenda que situar juntos, en este caso en la tercera planta, estos dos juzgados, no es una buena idea, ya que son los dos órganos judiciales que más trabajo generan. De hecho, el Juzgado de lo Social, el único de este tipo que hay en el partido judicial ibicenco, trabaja desde hace años en condiciones de saturación. Tan importante es la carga de trabajo que se soporta en lo Social que impide dar fecha para celebrar juicios antes de 2021.
Ya el día de la inauguración del nuevo edificio, el pasado lunes, algunos funcionarios de Violencia Sobre la Mujer advirtieron de que la llegada a la tercera planta del Juzgado de lo Social, que está prevista para el mes de enero, podría ocasionar problemas de funcionalidad graves. De hecho, según está planteada la ubicación de ambos órganos, todos los usuarios de lo Social deberían atravesar las dependencias de Violencia Sobre la Mujer por un estrecho pasillo que une ambos juzgados.
«Fase de ajustes»
Por eso el juez decano espera que, «teniendo en cuenta que estamos en una fase de ajustes que puede durar unos meses, y que la prisa es mala consejera», Justicia valore la necesidad de buscar una nueva ubicación al Juzgado de lo Social. Una posibilidad sería la primera planta, unos 1.500 metros cuadrados destinados en exclusiva para uso de la Audiencia Provincial de Palma, que, como mucho, se desplaza una vez al mes a Ibiza, aunque en los últimos años la frecuencia ha sido incluso mucho menor.
Otro de los asuntos relativos a la organización de los órganos judiciales en la nueva sede de sa Graduada que se espera que el Ministerio de Justicia intente resolver es el grave problema del Instituto de Medicina Legal, cuyos trabajadores, por el momento, están condenados a trabajar en el sótano, junto a los calabozos, sin luz natural, con goteras cuando llueve en alguno de los pasillos y en un ambiente de malos olores a consecuencia de la humedad. De hecho, tras las lluvias de la noche del pasado martes, los forenses comunicaron al decanato su decisión de suspender su actividad, con excepción de los casos urgentes, y los derivados de los juzgados de guardia y de Violencia Sobre la Mujer, mientras el Ministerio de Justicia no decida cambiar su ubicación, que ellos plantean que sea en la planta baja. El juez decano ya ha informado al TSJB y al Ministerio del malestar de los trabajadores del Instituto de Medicina Legal y se espera una respuesta de Justicia. «Nosotros no podemos ir contra el diseño, el proyecto y las directrices del edificio, y si hay que hacer una alteración sustancial en la planificación de los usos está fuera de la disposición del decano», dijo Torres. «La reubicación del Instituto de Medicina Legal depende del Ministerio», añadió.
