Ibiza es la isla con menor cobertura de plazas públicas de educación Infantil para niños de menos de tres años, según señala el 'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2019', elaborado y editado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Fundació Guillem Cifre, que se ha presentado esta semana en Mallorca. El capítulo 'L'educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat a les Illes Balears, de Vicenç Arnaiz, psicólogo especializado en psicomotricidad educativa y terapéutica, señala que estos centros públicos sólo alcanzan al 18,1% de la población de cero a tres años, cuando la «oferta mínima» debería alcanzar al 37,5% de esos niños.

En Mallorca se encuentran en la misma situación, mientras que en Formentera esta cobertura es del 22,3%, también insuficiente. En Menorca, en cambio, las plazas en escuelas infantiles de titularidad pública pueden acoger al 69% de los pequeños. El artículo explica que, en el caso de Vila, las plazas públicas únicamente alcanzan al 9% de los niños mientras que en el de Santa Eulària esta cifra no alcanza el 15%. Arnaiz destaca que la distribución de las plazas es «muy desigual no sólo entre las islas sino también entre los municipios».

El experto recuerda que la Comisión Técnica 0-3 (constituida en mayo de 2018) considera «urgente» que los grandes municipios de las islas alcancen una «oferta mínima» que permita escolarizar al menos al 37,5% de los menores de tres años. Para cumplir esto, indica el Anuari, es necesario crear un total de 688 plazas en las Pitiusas: 51 en Formentera y 637 en Ibiza (261 en Vila, 199, en Santa Eulària, 109 en Sant Antoni, 39 en Sant Joan, y 30 en Sant Josep). Esta cifra, en el total de Balears, es de 2.600.

¿De dónde salen las plazas?

«¿De dónde pueden salir estas plazas de primer ciclo de Educación Infantil necesarias con carácter de urgencia?», se pregunta el anuario antes de ofrecer la respuesta: 300 de plazas públicas que funcionan sin autorización de la conselleria de Educación, 1.300 de la reconversión en centros educativos de establecimientos que funcionan sin más autorización que la licencia municipal de actividad y las mil que, como mínimo, el pleno del Parlament balear acordó crear antes de que acabe 2022. En el caso de los centros que podrían reconvertirse, el experto señala: «Si los animan, acompañan y ayudan, pueden estar interesados en convertirse en centros educativos teniendo en cuenta la creciente sensibilidad y conciencia al respecto».

Arnaiz señala que la falta de plazas no implica sólo complicaciones para escolarizar a los niños «sino sobre todo para garantizar la escolarización adecuada de niños con dificultades individuales», especialmente aquellos que se crían en «familias con problemas económicos», es decir, aquellas que no pueden pagar las tarifas de las guarderías privadas.

En este sentido, destaca que la organización Save the Children afirma que esa etapa, los mil primeros días de vida, «es un momento crucial que determina la trayectoria futura de los niños». «Además, todas las leyes básicas de educación de este país obligan a las administraciones públicas a garantizar las plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite», afirma el autor del artículo, que insiste en el «efecto igualador» que tienen «medidas de equidad», como es el caso de facilitar el acceso a la educación en los primeros tres años de vida de los niños, que define como «principal medida igualadora».

«Prometen gratuidad y cuando gobiernan no se acuerdan»

«Prometen gratuidad y cuando gobiernan no se acuerdan»«En casi todos los programas electorales ya aparecieron compromisos de mejora de la educación de los niños de cero a tres años. Sin embargo, durante los dos primeros años del periodo este tema prácticamente no apareció en los debates políticos del Parlament», afirma Vicenç Arnaiz en su artículo del 'Anuari de l'Educació' en referencia a la legislatura 2015-2019.

Anteriormente, Arnaiz destaca que los avances se produjeron «a tirones», sin continuidad, destacando dos momentos: 2008-2009, «cuando el Parlament impulsó medidas necesarias de equidad para los niños de 0-3 años», y 2007-2011, cuando se pasó de 66 « escoletes autorizadas» en Balears a 217.

El autor afirma que no se pueden hacer políticas educativas «sin vincularlas a políticas sociales de infancia» y vuelve a disparar a los políticos por el gasto que supone a las familias la escolarización de sus hijos menores de tres años, ya que pocas pueden acceder a las plazas públicas: «La mayoría de los partidos con presencia en las Cortes españolas prometen gratuidad en la educación 0-3. Sin embargo, cuando gobiernan parece que no se acuerdan.

El psicólogo también hace hincapié en la «capacidad y la madurez» de los profesionales que atienden a los niños en las escoletes y que «contrasta con las malas condiciones laborales que se recogen en la mayoría de convenios».