La conselleria balear de Medio Ambiente ha decidido abrir un frente judicial contra el Ministerio de Transición Ecológica para tratar de evitar la adjudicación de una concesión, de entre 20 y 40 años de duración, para la gestión del pantalán del islote de Tagomago y dos campos de boya en las zonas de l'Olla de Tramuntana y Cala Blancar con ocho puntos de fondeo. En vez de presentar alegaciones contra el pliego de bases de la convocatoria de la licitación, que salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 13 de septiembre, la Abogacía de la Comunitat Autònoma interpondrá directamente un recurso contencioso administrativo en los tribunales. De hecho, Medio Ambiente ya presentó alegaciones el verano pasado contra esta concesión que fueron ignoradas por parte de Costas.

El Ejecutivo autónomo basará su contencioso en que el embarcadero-pantalán cuenta con un informe desfavorable del subcomité de Red Natura 2000 (de 31 de julio de 2009), y que, además, «no se puede legalizar». En su día, se ejecutó sin someterse a la correspondiente evaluación de repercusiones ambientales. Además, entre otras cosas, el Plan de gestión Natura 2000, que actualmente se está tramitando, no contempla ninguna área de fondeo en el islote debido a la presencia de una importante colonia de Puffinus mauretanicus ( virots), una especie en peligro de extinción, en los acantilados de Tagomago que se sitúan de cara al muelle.

La conselleria balear de Medio Ambiente defiende que no se pueden instalar las áreas de fondeo previstas en la concesión de Costas para garantizar la conservación de esta especie comunitaria. En resumen, la Comunitat Autònoma defenderá en los tribunales que el Estado está tramitando el concurso para adjudicar una concesión para explotar unas obras e instalaciones que, según su criterio, son «inviables».

Falta la evaluación ambiental

Falta la evaluación ambiental

El pantalán y las zonas donde se pretende explotar un campo de boyas forman parte de la Red Natura 2000 y desde el año 2017 está reconocida la continuidad ecológica, por lo que la competencia sobre biodiversidad marina corresponde a la Comunitat Autònoma. Las áreas de fondeo tampoco han sido sometidas a evaluación de impacto ambiental, por lo que, según la conselleria de Medio Ambiente, no pueden salir a concurso hasta que se cumpla este trámite.

El Consell de Ibiza y los pescadores de la isla también han expresado su preocupación por la instalación de estos campos de boyas, ya que afectaría a una de las pesquerías más importantes de gerret (caramel). «Si colocan muertos allí ¿cómo vamos a lanzar las redes?», cuestionaba a principios de octubre Pere Varela, de la cofradía de pescadores de Ibiza, que también recordaba que este es también un punto de lanzamiento de artes pesqueras tradicionales que tampoco se podrían utilizar. «Esta situación causará perjuicios a muchas familias: pescadores, vendedores y trabajadores», advertía.

Por su parte, la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlament balear aprobó el miércoles por unanimidad una iniciativa impulsada por la diputada del PP de Ibiza Virginia Marí en la que se reclama al Ministerio de Transición Ecológica «la paralización y derogación de la orden ministerial del 19 de junio, esto es, del pliego de bases para la adjudicación mediante concurso de la concesión para un embarcadero y dos zonas de fondeo en el islote de Tagomago.

Virginia Marí, que es inspectora de Pesca en el Consell de Ibiza, destaca en el texto de la propuesta aprobada que «el Servicio de Pesca ya denunció la instalación ilegal (...) de unos bloques de cemento fondeados en el puerto de Tagomago que provocaron que los barcos de artes tradicionales perdiesen parte de la temporada de pesca».

Las dos administraciones, la estatal y la autonómica, ya mantienen un litigio en los tribunales sobre el coste del rescate de la concesión de la desaladora de Santa Eulària.