La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlament balear aprobó ayer tarde por unanimidad una iniciativa, presentada por la diputada del PP Virginia Marí, que reclama al Ministerio de Transición Ecológica y a la Demarcación de Costas la «paralización y derogación de la orden ministerial de 19 de junio de 2019, esto es, del pliego de bases para la adjudicación mediante concurso de procedimiento abierto de concesión administrativa para un embarcadero y dos zonas de fondeo con ocho puntos en la isla de Tagomago», islote situado frente a las costas de Santa Eulària.

Como publicó este diario el pasado mes de octubre, Costas sacó a licitación estas concesiones haciendo caso omiso a la petición del Ayuntamiento de este municipio formulada durante el anterior mandato, para asumir la gestión del embarcadero y los fondeos del islote de Tagomago.

La publicación del anuncio cogió por sorpresa al equipo de gobierno del Ayuntamiento, un portavoz del cual admitió entonces que no habían sido avisados de ello, pese a las reiteradas peticiones que el Consistorio ha efectuado ante Costas con relación a estos usos en dominio público.

En la iniciativa presentada por Virginia Marí y aprobada en el Parlament, se explica que el islote está protegido por varias figuras: LIC (Lugar de Interés Comunitario), ZEPA (Zona de especial protección para aves), Xarxa Natura 2000 y Reserva marina de interés pesquero.

Además, la diputada, que es inspectora de Pesca del Consell de Ibiza, recuerda en el texto de la iniciativa que en 2014, «ya se denunció por parte del Servicio de Pesca la instalación ilegal (...) de unos bloques de cemento fondeados en el puerto de Tagomago que provocaron que los barcos de artes profesionales perdiesen parte de la temporada de pesca». También indica en el texto que «tal y como llegaron» estos bloques a la costa del islote, «desaparecieron».

Marí insiste en que en los alrededores del islote se localizan «dos de los puntos más emblemáticos para la pesca del gerret o caramel» así como «puntos de artes de parada históricos».

Por último, en el texto se critica que el Ministerio, durante la tramitación de esta licitación, «no ha solicitado ninguno de los informes preceptivos obligatorios a las cofradías de pescadores, la dirección general de Pesca ni al Ayuntamiento de Santa Eulària».