El Govern balear echa mano ahora sin previo aviso ni consulta a las llamadas herencias intestadas (de las personas que fallecen sin herederos legales y sin dejar testamento) y se reserva derechos sobre ellas después de que hace dos años, con la modificación de la Compilación del Derecho Civil de Balears, se aprobase que los legados sin beneficiarios se repartirán al 50% entre el Consell y el ayuntamiento de la última residencia del difunto para su destino a fines sociales.
A través de la ley de presupuestos de 2020 (la disposición final séptima), el Govern modifica por sorpresa la ley 6/2001 de Patrimonio de la Comunitat Autònoma al objeto de clarificar que el organismo autónomo tiene la responsabilidad de fijar los bienes que corresponden a consells y ayuntamientos, aunque la principal novedad estriba en que se añade que «en casos de bienes o derechos indivisibles o de especial interés autonómico, la Administración de la Comunitat Autònoma se puede atribuir la titularidad de estos, con la compensación económica correspondiente a favor de las administraciones insulares y locales». Es decir, el Govern se quedará, si así lo considera, la titularidad de una vivienda o un local, por ejemplo, y abonará el valor del mismo al Consell y al Ayuntamiento (50% para cada uno).
El cambio normativa no ha sido consultado con el Consell Assessor de Dret Civil de las Pitiusas, cuyo mandato expiró tras las pasadas elecciones locales de mayo y aún no se ha vuelto a constituir, ni con los consells insulares. Esta modificación de la ley de Patrimonio afecta plenamente a la Compilación del Derecho Civil y a la reivindicación de los consells insulares de las Pitiusas y Menorca que tanto costó conseguir.
Durante la tramitación parlamentaria del presupuesto de la Comunitat Autònoma, se puede eliminar esta norma a través de alguna enmienda.
La explicación del Govern
La explicación del Govern
La consellera balear de Presidencia, Pilar Costa, explica que el cambio obedece a «una cuestión técnica» derivada de «los problemas» que han surgido en la notaría cuando el Govern tramita la liquidación de este tipo de herencias. Costa recuerda que, pese a que la Compilación del Derecho Civil prevé que los herederos serán el consell insular y el ayuntamiento de la última residencia del difunto, la ley de Patrimonio de la Comunitat Autónoma contempla que debe ser el Govern (antes era el Estado) la Administración que debe liquidar y repartir los bienes.
Costa indica que el Govern tiene la obligación de liquidar estas herencias pero «técnicamente no es el heredero», lo cual causa «problemas» a la hora de gestionar este trámite. Dicho esto, Costa destaca que los consells y los ayuntamientos no salen perjudicados por esta modificación normativa, ya que «cobrarán lo mismo», aunque el Govern balear se quede con la titularidad de algún inmueble u otro bien.
El proyecto de ley inicial de modificación de la Compilación del Derecho Civil preveía que el reparto de las herencias intestadas fuera de forma equitativa entre la Comunitat Autònoma, el consell y el ayuntamiento, pero finalmente, por la presión de las instituciones insulares, se decidió excluir al Govern balear. Ahora, la Comunitat Autònoma recupera la potestad de decidir sobre los bienes indivisibles, lo que ha causado malestar entre algunos expertos en derecho civil, que consideran que esta modificación legal es poco respetuosa con la autonomía de los consells.
De hecho, el exdiputado de Més per Menorca Nel Martí, que en el pasado mandato defendió la autonomía de las instituciones de cada isla para recibir y decidir el destino de estos fondos, publicó ayer un artículo en el diario Menorca en el que sostiene que el Govern no quiere que los consells sean titulares y gestionen las herencias intestadas porque «no confía en ellos y sobre todo porque no los concibe como auténticas instituciones de autogobierno de cada isla».
«El federalismo interior del nuevo Bellver [el pacto de la izquierda para formar el Govern] que lidera el PSOE es poco federalista. El federalismo de verdad exige más democracia interna... más descentralización y más creer en el autogobierno de cada isla. ¿Quién dice que Balears no existe? ¡Y tanto que existe! En el centralismo que no ha asumido la voluntad de autogobierno de Menorca, Ibiza y Formentera», concluye.
