El Govern balear ha suspendido la prohibición de circulación de vehículos nuevos que funcionen con diésel en las islas a partir del 1 de enero de 2025, tras un acuerdo alcanzado con la Administración del Estado. El acuerdo deja en suspenso el calendario que limita la circulación de los vehículos diésel nuevos a partir de 2025 y de los que no sean libres de emisiones a partir de 2035 a la espera de la aprobación de la futura ley estatal de cambio climático, según informó la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos.
La disposición de la ley balear que ha sido suprimida incluía también la prohibición para circular a cualquier vehículo nuevo que no fuera «cero emisiones» desde el 1 de enero de 2035.
El acuerdo evita la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y, según la conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, «da por resueltas las divergencias surgidas» en materia de competencias entre los gobiernos central y autonómico, a raíz de la aprobación de la ley balear de cambio climático.
Las patronales de fabricantes (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de empresas de alquiler de coches (Aneval) han respaldado esta suspensión del calendario legislativo balear.
Anfac opina que la suspensión «contribuye a eliminar la incertidumbre provocada entre los consumidores por esta prohibición taxativa en las Islas, y que está afectando negativamente a las ventas».
Faconauto cree que el acuerdo «servirá para devolver la certidumbre a los consumidores de las islas, que podrán elegir, sin miedo, cualquiera de las tecnologías disponibles en la actualidad para resolver su movilidad».
Por su parte, Aneval respalda la decisión y apunta en un comunicado que la normativa marcaba para el año próximo el objetivo de que el 2 % de las compras de vehículos de los alquiladores para Baleares fueran eléctricos.
Según un comunicado del Ministerio de Política Territorial, el motivo de la suspensión es que esa disposición invadía competencias exclusivas del Estado, como son la regulación en materia de tráfico y la circulación de vehículos a motor y el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El comunicado precisa que cualquier limitación a la circulación por el territorio nacional o de una comunidad autónoma «no es competencia autonómica, sino del Estado».
El acuerdo será trasladado al Tribunal Constitucional y se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
