El diagnóstico del Plan Territorial Insular (PTI) aboga por «la limitación importante» de la construcción de viviendas en suelo rústico por «los graves problemas que generan tanto la disponibilidad de suministros como las inasumibles demandas de servicios públicos». «Parece necesaria hoy una intervención de las administraciones públicas con competencias para controlar la situación y evitar un deterioro irreversible de la isla», apunta el documento encargado la pasada legislatura pero que el actual gobierno del Consell, formado por el PP y Ciudadanos, utilizará de base para revisar el PTI.

El turismo ha sustituido el tradicional uso residencial del suelo rústico ligado a la actividad agraria. «Los nuevos residentes introducen nuevas presiones sobre el territorio y aportan pocas cosas positivas», indica el diagnóstico, que agrega que esta situación afecta «sensiblemente» a las áreas de «mayor calidad paisajística». «La magnitud de este problema es importante», advierte.

En concreto, el análisis de la aplicación del PTI apunta que en el año 2017 había registradas 2.225 viviendas turísticas, con un total de casi 22.000 plazas, aunque se estima que a esta cifra «se deben añadir entre 18.000 y 23.000 plazas más no regladas».

Según el Servicio de Información Territorial de Balears (Sitibsa), a partir de la información cartográfica de los años 1995, 2002, 2008 y 2015, en Ibiza hay más de 30.000 edificaciones en suelo rústico. Entre los años 1995 y 2002, se produjo un incremento del 31% de construcciones, mientras que en este siglo se registró un aumento del 17%. «El PTI ha desacelerado progresivamente el problema pero se ha seguido incrementando con 4.500 nuevas edificaciones», indica el diagnóstico elaborado por Cotesa.

Santa Eulària es el municipio con más viviendas en el campo, seguido muy de cerca por Sant Josep y, a más distancia, por Sant Antoni. Analizando los datos del catastro, se desprende que existen 12.754 viviendas en suelo rústico. El diagnóstico apunta que la presión inmobiliaria actual condiciona que «muchas de ellas se ocupen sólo en temporada alta o se destinen a alquileres turísticos».

La Norma Territorial Cautelar

La Norma Territorial Cautelar

El documento en el que se analizan los efectos de la aplicación del PTI concluye que la construcción de vivienda en el campo ha sido «uno de los grandes problemas de la isla». «Su construcción se ha permitido por parte del PTI en la mayoría de los suelos sin excesivos requisitos. Esa regulación se ha modificado claramente a partir de 2016 [con la aprobación de la Norma Territorial Cautelar] al prohibir edificar en muchas clases de suelo rústico [como el forestal] y endurecer las condiciones de edificabilidad», indica.

La norma cautelar «ha paralizado parcialmente la alta presión en suelo rústico y se ha reducido sensiblemente la demanda», agrega el documento, que señala que las solicitudes de licencia para edificar viviendas de entre 500 y 600 metros cuadrados están enfocadas al uso turístico, lo cual genera «una presión muy intensa». «Es un turismo de lujo que genera un uso dispar del territorio, con un impacto insostenible sobre el precio de la vivienda en el conjunto de la isla», apunta. El mercado de las parcelas del interior de la isla «no tiene nada que ver con su naturaleza rústica», añade el diagnóstico, que también califica de «paradójico» que algunas administraciones hayan construido equipamientos públicos en rústico, al amparo de una declaración de interés general, por falta de suelo.