La Comisión de Medio Ambiente de Illes Balears ha dado carpetazo a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de una urbanización en Cala Corral, los sectores 4.23 y 4.24, al no cumplir los trámites requeridos, hasta en tres ocasiones, por la Administración, entre ellos la justificación de que haya suficiente agua para abastecer a la población. Así, queda archivado este expediente y, en el caso de que el promotor quiera seguir adelante con la idea de urbanizar esta zona de Sant Josep, deberá empezar de nuevo todo el proceso de tramitación de la evaluación de impacto ambiental de la urbanización.

El informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización de los sectores 4.23 y 4.24, que contempla la construcción de viviendas unifamiliares y un establecimiento hotelero, en una superficie de 185.398 metros cuadrados, para alojar a 415 personas (90 plazas hoteleras), inició su tramitación en el Ayuntamiento de Sant Josep hace tres años, en septiembre de 2016.

En marzo de 2017, la Comisión de Medio Ambiente resolvió que se debía tramitar un estudio de impacto ambiental ordinario. En mayo del año pasado, el órgano de control ambiental de la Comunitat Autònoma envió un oficio al Ayuntamiento en el que le recordaba los trámites que debía cumplir el promotor de la urbanización.

Un año después, el pasado mes de mayo, se requirió de nuevo al Consistorio, que es el órgano sustantivo, para que el promotor presentara la documentación pendiente para seguir adelante con la tramitación, entre ella un informe que garantice que hay suficiente agua para cubrir la demanda de los futuros residentes. Después de que hayan transcurrido más de tres meses sin que la Comisión de Medio Ambiente haya recibido ningún documento, se ha resuelto la finalización de la tramitación de la evaluación de impacto ambiental.

En el último requerimiento, el del pasado mes de mayo, un informe de Medio Ambiente advertía de que, en su día, no se analizó si el Plan Parcial de esta urbanización, aprobada en 1999, contaba con suficientes recursos hídricos para abastecer a la población.

Futuros crecimientos sin agua

Futuros crecimientos sin agua

El Servicio de Estudios y Planificación (SEP) concluyó en 2009, al evaluar la adaptación de las Normas Subsidiarias de Sant Josep al Plan Territorial Insular (PTI), que «la disponibilidad de recursos hídricos para los futuros crecimientos no está garantizada». Condicionó su aprobación a una serie de cuestiones, entre ellas la presentación de un plan de gestión sostenible del agua, lo cual no se ha hecho.

El estudio de impacto ambiental del proyecto de urbanización de Cala Corral, que ha sido archivado, preveía abastecer a esta zona con agua de la desaladora de Sant Antoni y calculaba un consumo de 300 litros por habitante y día, por encima de lo que marca el Plan Hidrológico de Balears, que contempla una dotación máxima de 250 litros, incluidas las pérdidas en las conducciones, depósitos y redes de distribución.

También argumentaba que la planta de Sant Antoni, con una capacidad de producción de 17.500 metros cúbicos por día puede abastecer a un total de 87.500 habitantes, cuando, según sus cálculos, la población conectada sería de aproximadamente 50.000 personas. Sin embargo, el informe de Medio Ambiente discrepaba de esta previsión. «Estos cálculos no garantizan la disponibilidad de agua porque el abastecimiento de agua desalada en la isla se lleva a cabo con un sistema de interconexión de las tres desaladoras», advertía este documento.

En la zona donde se proyecta la urbanización hay dos pozos salinizados. En todo caso, el informe señalaba que las masas subterráneas del municipio tampoco tienen capacidad suficiente para cubrir «una nueva demanda». «Incluso se deben disminuir las extracciones con las que se abastece a la población y compensarlo con agua desalada y el uso de aguas regeneradas y pluviales», indicaba el informe de Medio Ambiente, que añadía: «El Ayuntamiento deberá demostrar que los ahorros de agua logrados con actuaciones de gestión de la demanda [como la disminución de las pérdidas de la red, que fue del 41% entre 2017 y 2018, según los datos de Aqualia] son suficientes para abastecer a esta nueva urbanización».

El caso de Ibiza

El caso de Ibiza

La aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico del municipio de Ibiza está bloqueado como consecuencia de la falta de justificación de que hay suficientes recursos hídricos para garantizar el suministro de agua.

La Comisión de Medio Ambiente aprobó la declaración ambiental estratégica del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el pasado mes de marzo, con la prescripción de que no haya nuevos crecimientos en suelos que no estén desarrollados, ya que «no hay garantías» de que haya suficiente agua para abastecer las zonas de crecimiento.