Las obras de construcción de la nueva depuradora de Vila, en el antiguo campo de tiro de sa Coma, se han dejado en suspenso a la espera de que se apruebe el proyecto modificado y se expropien los terrenos por donde discurrirán las canalizaciones de conexión con la planta actual de Ibiza y el emisario submarino.
El Ministerio de Transición Ecológica, que no pone fecha a la reanudación de los trabajos, informa de que «la obra civil» de la nueva infraestructura está «prácticamente ejecutada» y que la instalación de los equipos de la depuradora queda en suspenso, mientras se culminan los trámites apuntados, para «evitar los posibles actos de robo, vandalismo o desperfectos» que pudieran sufrir. Hay que tener en cuenta que el acceso a las instalaciones del antiguo cuartel militar, que es propiedad del Consell, cuenta con un servicio de vigilancia.
La modificación del proyecto obedece a la necesidad de «adaptar el trazado de la conducción de vertido al mar a los requisitos» marcados por la conselleria balear de Medio Ambiente, según la información facilitada por el Ministerio. Este proyecto modificado ya ha superado el trámite de información pública y, una vez que la Abogacía del Estado emita un informe favorable, «se procederá a su aprobación técnica y a la contratación de la obra».
La constructora, el grupo Sacyr, ya ha suspendido las obras, según avanzó el pasado sábado este diario. El Ministerio adjudicó la redacción del proyecto y la ejecución de la obra a este grupo empresarial por 24,3 millones de euros, con una bajada del 40% con respecto del presupuesto de salida de la licitación, que era de 41,2 millones de euros.
Además, el gabinete de comunicación del Ministerio explica que para que se reanuden las obras, además de licitar de nuevo el proyecto modificado, la constructora deberá contar «con la disponibilidad de los terrenos» que, según apunta, debe «expropiar la Comunitat Autònoma».
Preocupación en el Consell
Preocupación en el Consell
El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, destaca su «preocupación» por la suspensión de las obras de la nueva planta. «No sabemos nada porque nadie nos ha comunicado nada», indica Juan, al tiempo que lamenta que, por un lado, el Govern balear advierta de la falta de agua y que, por ello, se tienen que instalar sistemas de tratamiento terciario en las depuradoras y reaprovechar el caudal depurado para el riego y, por otro, «que nos pasen estas cosas con las grandes infraestructuras, como ya sucedió con la desaladora de Santa Eulària».
Mariano Juan recuerda que «el Gobierno de la nación ya sabía desde hace un año que había que expropiar nuevos terrenos». Se refiere el vicepresidente al hecho de que, en su día, la dirección general de Recursos Hídricos informó en contra de que las canalizaciones pasaran por el cauce del torrente de Puig d'en Valls. «Es triste tener que estar con este impás. Las administraciones están para solucionar problemas, no para crearlos», agrega Mariano Juan.
El vicepresidente del Consell considera que el hecho de que el Ministerio decida posponer la instalación de los equipos de la depuradora, hasta que se apruebe el modificado del proyecto y la expropiación de los terrenos, significa que la reanudación de las obras «va para largo plazo».
Vila: que no haya más retrasos
Vila: que no haya más retrasos
Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza asegura que es «indispensable que esta infraestructura tan importante se ejecute sin ningún nuevo retraso», según informa un portavoz, que agrega: «Ya éramos conscientes de que, cuando el Ayuntamiento de Santa Eulària pidió la modificación del trazado de la canalización, implicaría una demora en los plazos». «Por tanto, lo único que pedimos es que todas las administraciones estén implicadas al cien por cien para que esta infraestructura básica para la ciudad y la isla sea de una vez por fin una realidad», se limita a decir el Consistorio sin aportar ninguna información más.
El modificado del proyecto de la depuradora salió a exposición pública el pasado 31 de mayo y las actuaciones que recoge son las siguientes: instalación de cinco más uno grupos de bombeo asociados en paralelo, colectores de impulsión y emisario terrestre y la estación depuradora de aguas residuales, según recoge el anuncio publicado por el Boletín Oficial del Estado, en el que se informa de los terrenos que se deben expropiar. En concreto, afectan a 18 fincas del término municipal de Santa Eulària y ocho de Sant Antoni.
La tramitación del proyecto y la puesta en marcha de las obras fue larga y tortuosa. Después de años de retrasos, el proyecto salió a licitación en julio de 2015, pero, debido a la oferta a la baja del grupo Sacyr, las obras no se iniciaron hasta mediados de diciembre de 2017, con un plazo de ejecución de dos años y medio.
