El Ayuntamiento de Santa Eulària ha tramitado este verano algo más de un centenar de denuncias contra autocaravanas o acampadas ilegales: 65 por el estacionamiento de vehículos de este tipo o tiendas de campaña en lugares no habilitados y 45 por no obedecer la señales de prohibición, según explicó ayer en el pleno la concejala de Urbanismo, Cristina Tur.
El equipo de gobierno, del PP, rechazó una propuesta del PSOE para crear un área de servicios para autocaravanas, ya que, según Tur, supondría «un foco de atracción» para este tipo de vehículos y su uso como «viviendas en precario». Tur recordó que en el municipio se encuentran tres de los cuatro campings para autocaravanas de la isla y que los técnicos del Consistorio han comprobado este verano que estaban «vacíos».
También destacó que en el área de servicio que propusieron ayer los socialistas los vehículos sólo podrían estar un máximo de 48 horas , por lo que cuestionó «a dónde irían luego». «Es su problema», respondió a bote pronto el portavoz del PSOE, Vicent Torres, a lo que Tur replicó: «Es el de todos. Los campings ya ofrecen este servicio. El problema es que las autocaravanas se usan como viviendas».
«Prohibición total»
«Prohibición total»
Torres explicó que no pedía la creación de un nuevo camping, sino un área donde las autocaravanas puedan aparcar, y pernoctar, con servicio de retirada de las aguas grises. El socialista indicó que esta instalación permitiría al Ayuntamiento «la prohibición total» del aparcamiento de autocaravanas en el municipio. Torres criticó que frente a la residencia de Can Blai había a diario entre ocho o nueve vehículos de este tipo en verano.
La alcaldesa, Carmen Ferrer, destacó que esta cuestión se debe ordenar en toda la isla y se comprometió a plantearlo en el Consell de Alcaldes: «Es un problema que se ha de abordar con más fuerza».
Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad una propuesta del PP para solicitar ahora al Govern balear que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que la depuradora de Santa Eulària disponga de un sistema de tratamiento terciario al objeto de que el agua se pueda reutilizar para riego.
La segunda teniente de alcalde, Antonia Picó, explicó que los técnicos han advertido de que la conselleria de Medio Ambiente incumple el decreto 49/ 2003 de zonas sensibles del litoral de Balears. La parte de la costa donde el emisario vierte el agua depurada está calificada como sensible y, según el decreto, la planta, recientemente reformada, debería contar con un sistema de tratamiento terciario.
El portavoz del PSOE, Vicent Torres, acusó al equipo de gobierno de querer «desviar la atención» con esta propuesta ya que, previamente, debería haber actuado para evitar que el agua que corre por las redes de saneamiento esté salada, lo que impide su reutilización (en el caso de que hubiera un servicio de tratamiento terciario). La concejal de Unidas Podemos Marta Maicas manifestó que espera que «no haya que esperar 10 años más», como ha sucedido con la reforma de la depuradora.
