El Consell de Ibiza tiene un plazo de cinco semanas para tramitar la solicitud de 30 licencias de alquiler de vehículo con conductor (VTC) en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que estimó un recurso de Ares Capital. Se trata de unas de las empresas más importantes del sector que opera con las plataformas Uber y Cabify y de la primera resolución judicial firme.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), tal como ya publicó este diario, ya ha emitido diversas sentencias que elevan a 171 el número de licencias VTC que debe tramitar el Consell de Ibiza. En la actualidad, en la isla operan sólo 50 VTC, que es precisamente el cupo que la institución insular determinó en 2011 (un vehículo de este tipo por cada 6,7 taxis) y la base a partir de la cual denegó todas las solicitudes de licencias, en contra del criterio que han dictado ahora los tribunales
El Consell recibió el pasado 23 de septiembre la sentencia del Supremo que afecta a 30 licencias de Capital Ares, lo que abrió un plazo de dos meses para su cumplimiento. Durante este plazo (hasta el 23 de noviembre), la institución debe solicitar a la empresa la documentación y verificar si cumple la normativa que se debe aplicar, sin considerar el cupo de 50 vehículos actual. No implica que se tengan que otorgar las licencias, advierte un portavoz del Consell.
Requisitos que hay que cumplir
Requisitos que hay que cumplir
De todos modos, tal como señalan las sentencias publicadas, la ley de Transportes determina que la concesión de las licencias de transporte público está condicionada por una serie de requisitos muy simples, como el de tener la nacionalidad española o de otro Estado europeo y contar con un domicilio en España en el que se conserven, a disposición de lo servicios de inspección, los documentos relativos a su gestión y funcionamiento, así como disponer de uno o más vehículos matriculados en España, entre otros.
La misma ley especifica que, al ser un acto reglado, las autorizaciones de transporte público «sólo podrán denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello».
La obligación del Consell de tramitar estas licencias estriba en que, según la sentencia judicial, se ha producido «un cambio de criterio» y, como en los otros fallos, las solicitudes de licencias de VTC se formalizaron en el llamado «periodo intermedio», entre la modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y la aprobación del reglamento estatal que habilitaba a las comunidades autónomas a establecer un cupo máximo. Por ello, el Consell debe conceder los permisos, siempre y cuando las solicitudes cumplan la normativa, sin atender al número máximo de 50 vehículos VTC que operan en la isla.
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El vicepresidente segundo del Consell y responsable del área de Transportes, Javier Torres, ya dijo que estas sentencias «alteran las reglas del juego en la isla». Torres recuerda «el problema de las VTC que desembarcan en la isla fuera del periodo 80-20 establecido», en referencia a que la ley permite que cualquier VTC opere el 20% de sus servicios fuera de su comunidad autónoma, y el de los llamados taxis pirata. Todo esto denota que en la isla, en la temporada de verano, hay un exceso de demanda sobre la oferta. Así, Torres, en contra del criterio de la Federación Insular del taxi, no ve negativo, en principio, el aumento de la flota de vehículos de alquiler con conductor ni la posible llegada de plataformas como Uber y Cabify a la isla.
