A la Comisión Nacional de Mercados y Competencia no le gusta la normativa de viviendas turísticas de Formentera. Así de contundente lo afirmó Pedro Hinojo, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, durante la segunda jornada del V Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, organizado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT), Pimeef y el Consell de Ibiza.

Hinojo, que participó en el debate 'Liberalización versus regulación', se mostró a favor de la primera opción. «Parece que tenemos una reputación de liberalización excesiva, pero es que la competencia tiende a maximizar el bienestar social», indicó el ponente, siguiendo el pie que le dio María Victoria Torre Sustaeta, especializada en Derecho de la Competencia y moderadora del debate, que durante su introducción abogó por normativas «muy claras» sin «lagunas» que favorezcan interpretaciones «muy formalistas» como, a su parecer, ha pasado en Formentera. Hinojo indicó que en Competencia no están a favor de «criterios de zonificación» ya que, afirmó, «vulnera la libertad de empresa». «Es una compra de tiempo», apuntó el economista, que afirmó: «No le puedes decir a un turista si tiene que ir a un hotel o a un piso». Además Hinojo se mostró contrario tanto a la prohibición de que una persona alquile habitaciones de la casa en la que vive -«el hogar compartido genera menos presión sobre el alquiler»- así como de los requisitos: «No creo que se pueda exigir que haya wifi, una mesita de noche o un sofá. Que cada uno vaya donde quiera».

«Regular ahoga al propio ciudadano, hay que proteger al consumidor, no a la actividad en sí», indicó la moderadora durante un debate en el que, a pesar del nombre, apenas hubo discusión, ya que todos los ponentes se manifestaron prácticamente en el mismo sentido. «Regular suele dañar a los consumidores», afirmó Mateo Silos, economista principal de Ofwat (reguladora del sector del agua en Inglaterra y Gales), que destacó que las restricciones «mantienen los privilegios de unos pocos». Afirmación que apoyó con ejemplos como la liberalización del sector del taxi o de las líneas aéreas.

«Por interés general no está justificada la restricción de la competencia y eso es algo que suelen olvidar los gobiernos», insistió el experto, que señaló: «En inglés no hay una palabra para traducir intrusismo y aquí hay una dirección insular».

En este sentido, y relacionado con la vivienda turística, Silos defendió que la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) los hoteleros de Balears vivieron «un boom de facturación» al mismo tiempo que las pernoctaciones no aumentaron en la misma medida. «Y ahora los hoteleros piden más», continuó, antes de insistir en que las restricciones al alquiler turístico benefician a los empresarios de la hostelería, un lobby que, explicó, igual que los taxistas o las aerolíneas, presiona a los gobernantes para no tener competencia. Silos calificó de «maraña» y la normativa sobre este tema en las islas, que definió como «opaca». «Si tengo un piso, se lo alquilo a quien quiero», concluyó el experto su intervención.

«Campaña de los hoteleros»

«Se ha hecho una campaña por parte de los hoteleros para vincular el alquiler turístico a problemas cívicos y a un incremento del precio de la vivienda», indicó Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), en el único momento del debate en el que se refirieron a los problemas que denuncian los vecinos de estos alquileres. Y, de hecho, fue para negarlos: «En Málaga sólo ha habido 21 incidentes y en Sevilla 43. Además, la mayoría fueron porque las fotos no se ajustaban», indicó el presidente, que abogó por la organización y el asociacionismo de los propietarios de este tipo de viviendas.

«El alquiler turístico ha existido toda la vida, ¿y ahora soy ilegal?», aseguró Pérez-Lanzac que se preguntan los afectados por las restricciones. El presidente de la asociación andaluza reclamó durante su exposición tres cosas a los gobernantes: una normativa de mínimos que sea igual para toda España, diferencia entre operadores individuales y profesionales «y que los ayuntamientos sean capaces de decidir el modelo turístico que quieran».