Hacer la campaña de la aceituna en Andalucía o la de la uva en Francia. Es el amargo futuro que les espera a los residentes en Ibiza si los turistas dejan de venir, según afirmó ayer en el V Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza Miguel Tur Contreras, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Antoni en la mesa redonda 'Viviendas vacacionales: Propuestas políticas para la legislatura actual'. «No olvidemos que en Ibiza vivimos del turismo», continuó el edil, dirigiéndose a un auditorio formado, en su mayoría, por propietarios de alquileres turísticos.

Tanto él como su homólogo en Sant Josep, Vicent Roselló, se mostraron muy dispuestos a regular la vivienda turística en todas sus intervenciones en la mesa, en la que hubo representación de todos los municipios excepto de Sant Joan, que se excusó en el último momento. «Alojarse en casas ha sido una realidad desde siempre», apuntó el concejal de Turismo josepí, que defendió «las características especiales» de su municipio, donde hay «muchas casas aisladas» y abogó por regular este tipo de oferta «con unos criterios claros» sobre los servicios que deben ofrecer y con un control que permita «perseguir» a quienes la gestionen de forma ilegal. «No todo vale, pero si hay una demanda está claro que habrá una oferta y hay que regularla», concluyó. En este mismo sentido se manifestó el conseller insular de Presidencia, Vicent Roig, que ejerció como moderador: «Hay muchos piratas que ofrecen yoga, celebraciones o bodas».

«Si queremos este turismo que se aloja en viviendas, pero regulado», apuntó el primer teniente de alcalde de Santa Eulària, Miquel Tur Rubio, que defendió diferenciar los usos de las viviendas ya que «la vida y los horarios» de un residente y de un turista son muy diferentes.

Aitor Morrás, concejal de Vivienda de Vila, fue el único de los representantes municipales que se mostró claramente en contra del alquiler turístico en su municipio debido a la «fuerte presión urbanística», que apenas hay viviendas unifamiliares y por las consecuencias que, afirmó, tiene este tipo de alquiler en la vivienda habitual: sube el precio y reduce la oferta para quienes buscan donde vivir todo el año. «En el municipio hay 23.715 unidades de vivienda y unos 50.000 habitantes. Hay vivienda de sobra, pero no se emplea para lo que toca», abundó Morrás, que destacó los «problemas» para contratar funcionarios para la isla «por la carestía de la vivienda». «Antes ya había turistas que alquilaban, pero ahora hay empresas que lo posibilitan y eso supone mucha más presión», continuó Morrás, que señaló que, a diferencia de otros municipios, los habitantes de Vila no tienen la opción de desplazarse a las afueras para encontrar una vivienda por las dimensiones reducidas del municipio.

El concejal de Sant Antoni reconoció, de hecho, que la población del núcleo urbano se ha desplazado en los últimos años: «Se han ido a ses Païses, donde en estos momentos hay unas 6.000 personas, casi tantas como en todo el municipio de Sant Joan».

«No nos olvidemos de las autocaravanas, que también se alquilan», recordó el concejal de Sant Josep, que hizo hincapié en la presión turística que sufre la isla en verano: «Hay cuatro o cinco turistas por cada residente». «Teniendo eso y la oferta legal en cuenta significa que en un día cualquiera del verano hay 124.000 personas alojadas no sabemos dónde», apuntó Morrás. Él fue el más activo durante el turno de palabra que se abrió al acabar la mesa, donde tuvo que lidiar con propietarios de alquileres turísticos. Unos denunciaron la falta de ayudas por parte de la administración que den seguridad a quienes pongan sus viviendas en alquiler para todo el año, otros afirmaron que sin ellos habría «pisos vacíos y cerrados», alguno les afeó la falta de vivienda social y una, incluso, protestó al sentir que se culpabiliza del problema de la vivienda a los propietarios que alquilan las suyas a turistas.