El Consell de Ibiza trabajará para implementar un sistema para asignar un número de registro a todas las Declaraciones Responsables de Inicio de Actividad (Driat) «sin necesidad de inspección previa a los efectos de agilizar toda la tramitación pendiente», explicó ayer el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en la inauguración de la quinta edición del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, celebrado en el Centro Cultural de Jesús.

En este sentido, Marí señaló que, a día de hoy, hay 863 expedientes pendientes, que suponen 6.330 plazas turísticas de viviendas vacacionales que, en su momento, presentaron una Driat en plazo y forma y que están a la espera, en algunos casos desde 2015, de obtener el número de registro turístico.

Es una situación «dramática», según explicó ayer el conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, que precisó que, hasta ahora, el departamento de Turismo realizaba una inspección previa y luego se daba el número de registro, «al final era de facto como una licencia previa».

Para Juan, el sentido de las Driat es que, una vez presentada la documentación y siempre que se cumpla con la normativa, se pueda ejercer «sin tener que esperar a que la administración y la burocracia te dé permiso, eso es una declaración responsable». Ahora, esos expedientes encallados provocan una «inseguridad» a los propietarios porque no tienen el número de registro.

La ponencia que inauguró la primera jornada del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza trató las diferentes normativas locales y autonómicas existentes. El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Tolo Gomila, se mostró muy crítico con la ley de turismo de Balears, que tildó de ser «la peor de Europa», e incidió en que la administración pública no tiene la estructura necesaria para poder perseguir a aquellos que incumplen la normativa. Además, Gomila recordó que dicha ley se encuentra denunciada ante Bruselas.

El conseller de Territorio, Mariano Juan, por su parte, criticó que si no hay control es «perder el tiempo» y denunció que si las administraciones no tienen el control ni los mecanismos legales, «no solo materiales sino legales, para hacer las inspecciones correspondientes, no sirve para nada». En este sentido, señaló que cuando se habla de normativa se explica «muy bien» la teoría pero si luego no hay procedimientos legales para «hacer cumplir, no sirve».

Movimientos involucionistas

«Sin control ni autocontrol del sector, ni control de la administración, vas al caos, al desequilibrio que se manifiesta cuantitativamente con piratas o cualitativamente con expertos que alquilan villas para hacer fiestas», sentenció. Esta situación, según Juan, es lo que provoca la «crispación de la convivencia y la tensión en el mercado», que favorece la aparición de «movimientos involucionistas»: «Movimientos que quieren prohibiciones totales y absolutas. Al final, el propio descontrol del sector provoca un efecto contrario cuando revienta todo y se acaba prohibiendo», dijo.

En relación a los mecanismos legales, para Juan deben ser «ágiles, rápidos y modernos» y contar con registros electrónicos y con la coordinación con comercializadores y con Hacienda. «Los mecanismos de control de las leyes son prácticamente igual que hace 30 ó 40 años y para una sanción de tráfico puede valer, pero no es práctico en muchos ámbitos nuevos y el sector turístico es un ejemplo y los taxis piratas, lo mismo», apuntó.

Juan defendió la «autonomía» de los municipios para decidir el modelo de ciudad que quieren a través de modificaciones puntuales y compatibilizar el uso residencial con el uso turístico y criticó que las leyes urbanísticas hacen «realmente imposible de facto» que un ayuntamiento pueda aprobar normativa.

En cuanto al debate de dónde se permite el uso turístico y dónde no, el conseller señaló que se debe hacer «un pensamiento como sociedad». «El Consell deberá enarbolar un pacto social, no solo con partidos políticos, sino con la propia sociedad y los operadores, para ver hasta dónde queremos llegar o en qué tipo de suelo y qué tipología de vivienda y hacerlo desde el consenso», indicó.

El abogado urbanista Rafa Encarnación, por su parte, indicó que se ha pasado de una «desregulación, que no era tal porque había normas autonómicas y estatales, a una hiperregulación» y señaló que actualmente la vivienda turística está regulada por un «montón de ámbitos del derecho civil y administrativo». Para Encarnación, las administraciones municipales se han visto «desbordadas» por el intento de regularizar el uso turístico, que lo único que ha provocado es la «judicialización» de las zonificaciones ya que deben estar basadas en criterios urbanísticos. Además, indicó que la situación de Ibiza es «muy encorsetada» debido a la dispersión de las viviendas, que complica la compatibilización de usos.