El Consell de Ibiza aún debe verificar si 8.000 plazas de viviendas turísticas de la isla cumplen la normativa. Se trata, aproximadamente, de una tercera parte del total de las plazas legales que se explotan actualmente. Antes de la aprobación de la ley turística en 2017, en la que se aprobó además una moratoria de un año, bastaba la presentación de una declaración responsable en el Consell para iniciar el alquiler turístico de una vivienda.
Desde el pasado verano, no es suficiente este trámite, ya que las plazas que se quieran comercializar se deben comprar de la bolsa de estancias turísticas, a un coste de 4.300 euros cada una. Actualmente, además, dicha bolsa está vacía, por lo que sólo se pueden adquirir plazas si alguien, primero, tramita la baja de algunas.
El presidente del Consell y responsable de Turismo, Vicent Marí, explica que desde que hace cinco años se abrió el registro de viviendas vacacionales todas aquellas personas que presentaron una declaración responsable han «podido ejercer su actividad». Sin embargo, existe «un atasco» en la tramitación de los expedientes, es decir la posterior inspección y verificación por parte de los funcionarios del Consell de que las estancias turísticas registradas cumplen la normativa. «No ha perjudicado a los que se dieron de alta», insiste Marí. «La presentación de la declaración responsable es inmediata, pero la inspección y supervisión tarda más. Hay que agilizarlo. Debe haber más medios para que este trabajo se acabe cuanto antes», agrega el presidente.
El Consell de Ibiza es el único de las islas que no aprobó, en el pasado mandato, la zonificación prevista en la ley turística de las áreas aptas para la explotación de viviendas turísticas. La negativa del conseller de Podemos-Guanyem Miquel Vericad a votar a favor la propuesta del equipo de gobierno de izquierdas lo impidió. Esta situación abrió una crisis política que se cerró con la renuncia de Vericad, que siguió como conseller aunque sin responsabilidades de gestión.
Techo de plazas turísticas
Entonces, el gobierno de la izquierda justificó que no era necesaria la aprobación de dicha zonificación ya que, a efectos prácticos, no se podían conceder más licencias de viviendas vacacionales si previamente no se producía una baja. Precisamente, la comisión insular de ordenación turística acordó fijar en 106.000 plazas el techo turístico de la isla (80.000 hoteleras y 26.000 de estancias turísticas, hoteles rurales o agroturismos). A esta cantidad se añade una bolsa de 9.000 plazas hoteleras. Aquel promotor que quiera construir un nuevo establecimiento hotelero, aparte de cumplir los requisitos que marca la ley, tiene que comprar las plazas disponibles en esta bolsa.
El presidente sostiene, por un lado, que el nuevo gobierno no tiene intención alguna de modificar el techo de plazas aprobado en el pasado mandato ni, por otro, aprobar la zonificación que el anterior gobierno no fue capaz de sacar adelante. Vicent Marí defiende que le corresponde a los ayuntamientos establecer los usos que considere a través de su planeamiento urbanístico. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ibiza aprobó en el mandato anterior prohibir en el municipio las viviendas vacacionales. Santa Eulària modificó su normativa para impedir esta actividad en bloques de pisos. El Ayuntamiento de Sant Josep también tramita un cambio urbanístico para regularlo.
«Siempre he sido reacio a que se mezclen usos turísticos con residenciales, sobre todo en edificios plurifamiliares. Este es el problema que ahora tenemos con las viviendas turísticas ilegales», indica Marí. Por ello, el presidente considera que el Consell no tiene que zonificar las áreas aptas para explotar estancias turísticas. «Ni lo hará», agrega. No obstante, Vicent Marí indica que el nuevo Plan Territorial Insular (PTI) previsto o el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), pendiente aún de elaborar («se ha hablado mucho, pero no se ha hecho nada», advierte), recogerán lo que determinen los planeamientos municipales.
