Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) eleva ya a 171 el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que debe tramitar el Consell en Ibiza. El tribunal balear ha estimado el recurso de Auto Andalucía Jaén S.L. contra la desestimación presunta de la institución insular de la solicitud que la empresa andaluza formuló en enero de 2015 para operar en la isla 15 licencias de este tipo. Al igual que en las otras sentencias recientemente dictadas por el mismo tribunal (cabe recurso de casación), el Consell tiene la obligación de tramitar la solicitud de estas 15 licencias «sin restricciones cuantitativas».

Hay que tener en cuenta que actualmente operan en Ibiza 50 licencias de VTC otorgadas por la institución insular. Este es el cupo que estableció el Consell en 2011 (un vehículo de alquiler con conductor por cada 6,7 taxis). Ese año, la institución concedió 25 licencias para completar el tope establecido de medio centenar.

Recientemente, el Tribunal Supremo dio la razón a Ares Capital S.A., una de las empresas que opera con las plataformas Uber y Cabify, en el litigio que mantenía con el Consell sobre la solicitud de 30 licencias de VTC. Esta sentencia anulaba una anterior del TSJB que se pronunció a favor de la institución. Al ser ya firme esta sentencia, el Consell tiene la obligación de tramitar dichas solicitudes.

La ley determina que la concesión de las licencias de transporte público está condicionada por una serie de requisitos, como el de tener la nacionalidad española o de otro Estado europeo y contar con un domicilio en España en el que se conserven, a disposición de los servicios de inspección, los documentos relativos a su gestión y funcionamiento, así como disponer de uno o más vehículos matriculados en España, entre otros. La misma ley especifica que, al ser un acto reglado, las autorizaciones de transporte público «sólo podrán denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos para ello».

La última sentencia del tribunal balear reconoce que ha habido «un cambio de criterio» y, como en los otros fallos, apunta que la solicitud de 15 licencias de VTC se formalizaron en el llamado «periodo intermedio», entre la modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y la aprobación del reglamento estatal que habilitaba a las comunidades autónomas a establecer un cupo máximo.

El nuevo vicepresidente segundo y conseller de Transportes, Javier Torres, de Ciudadanos, asegura que, aunque aún no se ha abordado este asunto, queda «claro» que las sentencias «se tendrán que respetar» y si hay fallos judiciales «análogos», resulta «absurdo perder el tiempo en recursos». «Hay que estudiar la situación», indicó Torres, a quien no le consta que Ares Capital haya solicitado ya al Consell la concesión de las 30 licencias de VTC al amparo de la sentencia firme del Supremo.

Torres reconoce que estas sentencias, en el caso de que el Consell se vea obligado a conceder las licencias, «alteran las reglas del juego» en la isla. «Hay que pensar que en Ibiza existe el problema de las VTC que llegan fuera del periodo 80-20 establecido [la ley permite que cualquier VTC opere el 20% de sus servicios fuera de su Comunidad Autónoma] y el de los taxis pirata. Todo esto indica que hay un exceso de demanda sobre la oferta. De lo contrario, no se produciría esta oferta ilegal», concluye Torres. Por ello, el vicepresidente segundo sostiene que, según su criterio, si finalmente el Consell tiene que ampliar la oferta legal de VTC, «no tendrá un efecto negativo sobre el servicio que se presta a los ciudadanos».

Del mismo modo, Torres tampoco ve mal el desembarco de plataformas como Uber y Cabify en la isla. «Aún tenemos que estudiarlo. Siempre hemos mantenido una postura de que el mercado se tiene que abrir. Con base en esto, y teniendo en cuenta el problema existente en la isla de exceso de demanda, creo que en ningún caso sería negativo. Los ciudadanos ganarían», resaltó.