Sant Josep admite que la venta ambulante ilegal en las playas «es una tortura»

Guerrero pidió «respeto» al portavoz del PP hacia los agentes policiales. En este sentido, explicó que el año pasado se llevaron a cabo 41 actuaciones y, en este, hasta el pasado martes, un total de 34. «Esto no es actuar de vez en cuando», dijo. Del mismo modo, en 2018 se tramitaron 149 denuncias, cifra que ya se ha rebasado esta temporada, en la que ya se han registrado 211. Se han inmovilizado 10 vehículos y acumulado más de 2.500 kilos de material no perecedero.

«Seguro que es poco. Deberíamos tener más capacidad», reconoció también el primer teniente de alcalde, que recordó que el Ayuntamiento sólo dispone de 42 agentes en verano. Por ello, Guerrero resaltó que, en el caso de ses Salines, donde se produce además la degradación de las dunas, este problema afecta a más administraciones, como a la conselleria balear de Medio Ambiente, al Consell o al Seprona. «Todo esto se produce porque aún no nos hemos creído que eso es un Parque Natural», dijo.

Las sanciones muy graves de ruido se flexibilizan. El equipo de gobierno aprobó en el pleno, con la abstención de PP y Vox, flexibilizar el régimen sancionador de la ordenanza de ruido para eliminar la obligación de que, en el caso de infracción muy grave, se adopten medidas cautelares, como el cierre del establecimiento infractor. La ordenanza prevé esta medida complementaria cuando la ley establece que su adopción debe ser una potestad del técnico que instruye el expediente. Guerrero justificó la introducción de este cambio en la ordenanza para dar «más seguridad jurídica tanto al ciudadano como al Ayuntamiento en la tramitación del expediente».

El primer teniente de alcalde destacó que desde que se aplica la ordenanza, hace dos años, «se ha obtenido un muy buen resultado y se ha conseguido una mejor convivencia entre la población residente y el turismo».

Sin embargo, el concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, vecino de Sant Jordi, le invitó a que compruebe cómo desde cualquier casa de este núcleo se puede «bailar» al ritmo de las fiestas de «un local de la carretera de ses Salines». «No comparto que la ordenanza haya servido para arreglar el problema que había», dijo Prats.

En su réplica, Guerrero reconoció que «el problema de ruido no se ha acabado» y que «un local ha decidido saltarse la normativa». «Actuaremos contundentemente», ha agregado.

El portavoz del PP aprovechó este debate para criticar una vez más la ordenanza de ruido, que, recalcó, «se ha pasado de frenada y ha creado problemas donde no los había». En este sentido, Marí recordó que ya se tuvo que modificar porque «prohibía» la música en vivo e insistió en que aún impide la actividad propia del suelo rústico (la actividad agraria) por contaminación acústica.

El remanente sube ya a 50 millones de euros. Por otro lado, el pleno aprobó la cuenta general tras la liquidación del presupuesto de 2018 con el voto en contra del PP y Vox. Los populares criticaron el descenso que se ha producido en el capítulo de las inversiones y «la falta de capacidad» del equipo de gobierno para ejecutar las previsiones del presupuesto, lo que ha provocado un incremento del remanente, que en la actualidad se sitúa en 50 millones de euros.

El alcalde, Josep Marí Ribas, reconoció que hay «un superávit importante», pero recordó que para poder gastarlo «se tienen que cambiar algunas normas». También admitió que al Ayuntamiento le «falta una palanca de fuerza [en referencia a la falta de personal] para aumentar el porcentaje de ejecución del presupuesto. «Intentaremos arreglarlo», indicó.

Vía libre al plan de ordenación de la ANEI de Comte y Cala Bassa. Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad la propuesta de Ara Eivissa para que el equipo de gobierno redacte un plan de ordenación de la ANEI de Comte y Cala Bassa. También se acordó, como medida cautelar, que no se concedan licencias que puedan afectar a la efectividad del plan, aunque con la oposición del PP y la abstención de los demás grupos. Los populares recordaron que el plan de ordenación previsto por el primer gobierno progresista no se pudo ejecutar en el mandato 2011-15 porque, con un coste de «10 millones», no era viable económicamente.

Sin solución aún a los vertidos de fecales en ses Salines. El primer teniente de alcalde explicó, en respuesta a una pregunta del PP, que el Ayuntamiento aún no ha hallado por dónde entra el agua de lluvia en la red de alcantarillado que vierte en la zona agrícola de ses Salines cuando se producen fuertes precipitaciones. «No sabemos de dónde viene», reconoció Guerrero.