El problema de la falta de vivienda que, según el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, es ya de «una magnitud bíblica sin precedentes», centró buena parte del debate que mantuvieron, en la tradicional comida de inicio de mandato en Diario de Ibiza, los presidentes de los consells pitiusos y los alcaldes de la isla. Mientras Ruiz, del PSOE, manifestó que, según su criterio, se debe poner «un límite» al precio del alquiler de la vivienda», que, recalcó, es «un derecho, y no un lujo», el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP, defendió que esta «no es la solución». El alcalde de Vila cuestionó, de todos modos, «cómo se puede controlar». (Mira aquí todas las imágenes del encuentro)

Marí considera que no se debe intervenir directamente en el mercado cuando «el problema está localizado: es el intrusismo en la comercialización de alquileres turísticos en viviendas residenciales». Esta práctica comporta infracciones turísticas y urbanísticas que tanto el Consell como los ayuntamientos tienen competencias para «perseguir», resaltó el nuevo presidente, que agregó que al haber una mayor demanda de vivienda de la que se oferta en el mercado se han disparado los precios de alquileres de «entre 600 y 900 euros a 1.500 ó 2.000 euros», hasta el punto de que «las viviendas se alquilan ya por habitaciones».

Durante casi tres horas, los representantes de las instituciones compartieron también sus ideas sobre la necesidad de la mejora del transporte público para que de verdad pueda ser «una alternativa al uso del vehículo privado», o la reducción de la flota de coches de alquiler, cuya cifra es de «escándalo», según Vicent Marí, así como el destino de los fondos del impuesto turístico, entre otras cuestiones, como el funcionamiento de la Administración o el polémico debate sobre el salario de los políticos y los cargos de confianza.

La nueva presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, explicó que la institución insular ha impuesto entre 400.000 y 500.000 euros en sanciones por alquileres turísticos ilegales con un control de los anuncios en páginas web (ha ganado dos juicios, además) sin la necesidad de acudir al lugar, aunque también reconoció que es «más fácil» aplicar este método en su isla que en Ibiza.

Sanciones «desproporcionadas»

Ferrer dijo que «muchas sanciones son desproporcionadas» y que, en contra del criterio de Vicent Marí, en ocasiones este efecto no es disuasorio. «Hace falta información, pedagogía y que las inspecciones ayuden a que la sociedad actúe de otra manera», dijo. «Menos es más», agregó la presidenta.

El alcalde de Ibiza incidió en que la isla es «un territorio limitado» y que «no se puede permitir este tipo de turismo [el del alquiler de viviendas]». «Mucha gente dirá: 'Con mi piso puedo hacer lo que quiera'. Yo pienso que no», recalcó.

La presidenta de Formentera también hizo autocrítica al apuntar que, en las últimas décadas, «la Administración ha permitido construir muchas viviendas que se sabía que no se iban a destinar para uso residencial». El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, del PSOE, coincidió con esta reflexión: «¿Hacían falta para la población todas las viviendas que se han construido? No se han hecho para nuestros hijos», reconoció Marí Ribas, a lo que Vicent Marí respondió: «Es innegable que ha habido especulación, y que hay que poner control. Pero todos los problemas no radican en esto». También dijo Marí que el alquiler turístico «siempre había existido, pero no había una comercialización como ahora». «Se ha industrializado», agregó por su parte la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, del PP.

Futuro de Corona y Sant Mateu

Asimismo, el presidente del Consell de Ibiza recordó que aún hay tres municipios con un planeamiento urbanístico «desarrollista, de los años 80». En este sentido, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, recordó «las bofetadas» que se ha llevado con las nuevas Normas Subsidiarias de su municipio, pese a reducir la edificabilidad. Marí se refirió al «grave error» cometido, según su parecer, en Sant Llorenç al restringir el desarrollo de su entorno urbano (por mantener intacto el entorno de la iglesia) a costa del suelo rústico. «Me da mucha pena lo que se ha hecho», dijo.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, del PP, aseguró que le gustaría aprobar en este mandato los planes de protección de los núcleos de Sant Rafel, Sant Mateu y Santa Agnès. «No quiero que se haga una barbaridad, pero sí un pueblo en cada sitio. No hace falta que sea como Santa Gertrudis», dijo, para recordar que en el centro de Sant Mateu y Santa Agnès «sólo hay una iglesia y un bar».