Las asociaciones de empresarios, del mismo modo que lo hicieron los sindicatos hace unos días, muestran sus reservas por la aplicación de las dos últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para el mercado laboral. El control y registro de la jornada y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros son cambios en los que los empresarios ven «precipitación». Incluso aluden a que son decisiones que «están muy bien sobre el papel», en la teoría.

La puesta en práctica de estas medidas es con lo que lidian ahora trabajadores, sindicatos y empresarios y todos coinciden en que habrá que esperar a que acabe la temporada para ver sus efectos y qué problemas causan. José Antonio Rosselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), asegura: «El consenso existente es que el control de la jornada es una medida un poco precipitada que complica la vida de las empresas. Sobre todo porque hay mucha casuística difícil de manejar».

Por su parte, el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, apunta hacia una consecuencia de este control: «Nos llegan comentarios de empresas, sobre todo del sector de la restauración, que explican que sus trabajadores se quejan por no poder hacer más horas extras [de forma voluntaria]. Los que trabajan todo el año pueden compensar las horas extras de temporada con descanso en invierno, pero los fijos discontinuos no tienen esta posibilidad. Tienen 40 horas y algunos querrían hacer más para conseguir algo más de dinero».

Además, Rojo aclara que muchas pimes, por su tamaño y capacidad, no tienen la posibilidad de contratar más gente para cubrir los excesos de trabajo que se pueden cubrir con horas extraordinarias.

Ante esta cuestión Rosselló es muy claro: «No podemos saltarnos la normativa. No es un argumento válido que presentar a la administración. Pero sí que puede ser un indicativo de que quizá habría que plantear un cambio normativo que abra la mano de las horas extras».

Por otra parte, en cuanto a la forma de controlar el horario, que algunas empresas realizan en papel, Rojo aseguró: «Ahora hay mucha incertidumbre. Nos mandan muchos emails ofreciendo soluciones informáticas para llevar a cabo este control. Pero hasta que pase el verano y negociemos con los trabajadores la mejor manera de hacerlo es usando el papel dejando al trabajador libertad total para que firme lo que considere. En Pimeef nadie obliga a firmar una jornada distinta a la realizada». Por su parte, Rosselló considera que el papel es un sistema «legítimo». «No tenemos que criticar el papel. Tenemos delegados sindicales que pueden controlar esto. Permite [el papel] ser más flexible, ya que quizá los programas informáticos actuales no están adaptados a todas las situaciones posibles», aclaró Rosselló.

En cuanto a la subida del salario mínimo a 900 euros, Rojo asegura: «Calculo que el 80% de las pimes se mueven en salarios superiores a esos 900 euros. Queda ajustar cómo se reparte el salario en la nómina para que se refleje ese cambio». Aseguró también que la práctica de subir el salario base al tiempo que se baja o elimina algún complemento no se da en las pimes. «Eso lo hacen las grandes compañías que pueden usar todas las triquiñuelas que les permite la ley porque van más al límite», aclaró Rojo.

Rosselló, en cambio, apuntó a que aún están por ver los efectos que tendrá una subida «tan importante» en el empleo: «En economía siempre ha habido polémica a la hora de definir cómo el SMI afecta al empleo. Creo que esta también es una medida poco pensada, precipitada».