El juicio por el caso del robo de 2.767.000 euros de la caja fuerte de las oficinas centrales de Grupo Empresas Matutes lo celebrará el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza y, por tanto, la vista oral se llevará a cabo en la isla, han confirmado fuentes judiciales. Si lo hubiera celebrado la Audiencia Provincial. el juicio se habría celebrado en Palma. Como la pena máxima que solicita la Fiscalía no supera los seis años de cárcel, el juicio por este asunto se quedará en la isla. El caso lo ha instruido el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, uno de los dos más afectados por el incendio del pasado 21 de enero. De hecho, el fuego destruyó 750 expedientes de este juzgado y todos los del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza. Sin embargo, el día del incendio el expediente de este robo millonario ya estaba en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, en la cuarta planta del edificio, que se vio afectada por el humo, pero no por las llamas. Por el momento no se ha señalado fecha para el juicio, confirmó el abogado de uno de los dos investigados, Fernando Pamos de la Hoz, en concreto el del acusado por presunto encubrimiento.
En este caso, la Fiscalía solicita cinco años de prisión para el exagente del Cuerpo Nacional de Policía Rafael Rodríguez, acusado de ser el único autor material del sonado robo. Para el presunto encubridor, José Joaquín Fernández, también agente de la Policía Nacional, la Fiscalía reclama 21 meses de prisión, y no le exige indemnización. Por contra, el ministerio público reclama que Rodríguez indemnice al Grupo Matutes con 995.000 euros, que es la cantidad que, supuestamente, aún falta por recuperar de los 2,7 millones robados, más los intereses legales.
Sin embargo, la acusación particular, que ejerce el Grupo Empresas Matutes, que también pide 21 meses de cárcel para Rodríguez, reclama en su escrito que sean los dos, es decir, Rodríguez y Fernández, y también la pareja de éste último, L.H.T. -a la que también acusan de encubridora y para quien demandan un año de prisión-, indemnicen al holding de forma solidaria con los 995.000 euros no recuperados. En julio del año pasado, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, el magistrado Francisco Javier Bretones, requiere que, tal y como pide el grupo empresarial, se consigne una fianza de 1.326.667 euros y «de forma conjunta y solidaria» entre los tres acusados con el fin de cubrir una posible responsabilidad civil. Pide también el juez que se creen «tres piezas separadas de responsabilidades pecuniarias».
Embargo de bienes
En el caso de que los encausados no dispongan del dinero suficiente para, entre los tres, crear un depósito de 1.326.667 euros, el juez pide que se les embarguen bienes hasta alcanzar esta cantidad. No obstante, al menos en el caso del acusado de encubrimiento, su abogado presentó un recurso contra esta resolución.
Según el escrito de la acusación pública, la noche del 26 de octubre de 2013 Rodríguez se aprovechó de su condición de personal de seguridad de Empresas Matutes para entrar en el edificio, en la avenida Bartomeu de Roselló, en Vila. Su intención, siempre según el ministerio público, era reventar la caja fuerte, para lo que había comprado por internet botellas de acetileno y oxígeno y un soplete. A las 21.15 llegó a la segunda planta del edificio y «anuló la alarma volumétrica con un folio transparente».
Después, relata la Fiscalía, usó un patio interior para acceder de la segunda planta a la tercera, donde previamente había dejado una ventana abierta. Una vez allí, se habría dirigido al cuarto de las cajas fuertes y, de rodillas, poco a poco fue trasladando las botellas y el soplete. Sobre las 21.50 horas, detalla la Fiscalía, comenzó a cortar una caja fuerte de color azul de unos dos metros de altura, un metro de ancho, 50 centímetros de espesor y con puerta de acero de doble hoja.
Así habría conseguido Rodríguez practicar un corte en el lado derecho de la caja de unos 30 por 20 centímetros, y por allí sacó 2.757.000 euros. Después escapó por el patio interior y se llevó el dinero a su domicilio, que estaba frente al edificio y pertenece al Grupo de Empresas Matutes. Por la mañana, señala la acusación, distribuyó el dinero en varios lugares. En un terreno de Sant Llorenç puso 194.995 euros en un baúl, y el maletero de su coche, 782.000 euros. El 1 de noviembre, cuando fue detenido, entregó la primera cantidad. Cinco días después les dijo dónde estaba la segunda.
El mismo día del robo, prosigue el relato del ministerio público, Rodríguez llamó a Fernández, y le pidió que le ayudara a esconder el resto del botín. La acusación remarca que Fernández sabía que el dinero procedía del robo y que, pese a esto, accedió a esconderlo. Lo ocultó en dos cajas que enterró en un solar próximo a su vivienda. Fernández, señala la acusación, entregó las dos cajas el 2 de noviembre. En una había 140.000 euros y en la otra 655.000. Por tanto, Empresas Matutes ha recuperado 1.772.000 euros, por lo que faltan 995.000, cantidad reclamada por el perjudicado y que el ministerio público exige a Rodríguez como responsabilidad civil.
