Los geógrafos se posicionan sobre el problema de la vivienda y dan un paso adelante para contribuir a poner remedio a la escalada de precios inasumibles del alquiler. El profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y presidente del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación Española de Geógrafos (AGE), Jesús González, sostiene que el de Eivissa es «un caso de estudio extraordinario». González ha participado junto a Macià Blázquez, también profesor de la UIB, en la elaboración del manifiesto promovido por AGE en el que se apunta un decálogo de medidas paras solucionar «el problema de los alquileres abusivos» y «garantizar el derecho a la vivienda».
Las instituciones se enfrentan a un problema de alcance «global» y que afecta a las principales ciudades y destinos turísticos del mundo, pero en Eivissa se produce «una presión turística muy fuerte sobre un territorio más amenazado». Precisamente, González explica que el Ministerio financia un proyecto de investigación de la UIB para estudiar específicamente los casos de Palma y Ibiza.
El manifiesto 'Por el derecho a la vivienda' subraya que «el incremento en los precios del alquiler alcanza dimensiones desconocidas en España» y añade que «hay evidencias científicas» sobre la relación entre la escalada del coste de arrendar una casa y «el incremento de la oferta de alquiler vacacional, fundamentalmente en las grandes ciudades y principales destinos turísticos», como Ibiza.
Entre otras medidas, el manifiesto plantea la necesidad de que «se controle el mercado de la vivienda de alquiler residencial, limitando el precio máximo y promoviendo una zonificación a partir de indicadores sociales». En este sentido, González recuerda que en ciudades como París, Nueva York o Berlín se ha puesto «un límite al alquiler residencial, con diferente nivel de éxito». «Se han delimitado una serie de áreas, barrios, en las que se ha puesto un precio medio por metro cuadrado. En una ciudad permiten que se suba hasta el 10% y en otras hasta el 20%», indica. Con estos ejemplos, el profesor de Geografía de la UIB defiende que se puede intervenir directamente sobre el precio del mercado inmobiliario.
«Hacer, se hace», subraya. Ahora bien, González admite que en España «el derecho de propiedad es un poco distinto». También apunta que tampoco hay unanimidad entre los juristas en torno a esta cuestión . «Unos dicen que es posible y otros que no», asegura.
Situación de «emergencia social»
En todo caso, el profesor de la UIB expone que, con el manifiesto, se pretende que, si ahora algunas de las cuestiones que se plantean no son posibles, «la Administración actúe para que sí lo sean». «Si hay que cambiar las leyes, se debe hacer porque la situación es grave, de emergencia social en muchos casos», recalca.
Así, González sostiene que, según AGE, esta cuestión no se tiene que abordar sólo desde la legislación urbanística y turística, sino ir «más allá» y cambiar, si es necesario, la legislación europea. También cree que la ley de vivienda aprobada en Balears hace más de un año no es suficiente y hay que «dar un paso más».
Recuerda que en 1956, cuando se aprobó, en pleno franquismo, la primera ley urbanística (la del suelo), se determinó «la función social del urbanismo». «Ahora hay que reconocer esta misma función social de la vivienda», indica, en el sentido de que por ser propietario de un inmueble, «no se puede hacer lo que uno quiera», como especular, al igual que para edificar en un terreno, se tienen que cumplir unos requisitos concretos.
El manifiesto también propone «vigilar el mercado de viviendas de alquiler turístico: zonificando y limitando el número de licencias a través de normativas urbanísticas y de gestión turística, además de sancionar el alquiler turístico no legal y poner los medios necesarios [recursos financieros y humanos] para su cumplimiento».
En este sentido, González apunta que la ley de vivienda balear es «interesante, por ser novedosa», pero «hay que poner instrumentos» para que se pueda cumplir. «Con pocos inspectores es imposible llevar el control de todo esto», dice en referencia a la vigilancia de la legalidad del alquiler turístico.
El desarrollo de programas de cesión de viviendas al mercado del alquiler residencial mediante ventajas fiscales que beneficien a sus propietarios o la promoción de iniciativas que favorezcan el aumento de vivienda protegida y de alquiler son otras de las medidas que incluyen el manifiesto. También aboga por revisar las leyes para garantizar «un mayor control de los fondos de inversión, obligando a inscribir las propiedades en los censos autonómicos de vivienda vacía para introducirlas en los mercados de alquiler o venta».
