La consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, ve «difícil», aunque aún no arroja la toalla, que este verano se pueda aplicar el sistema de control de acceso del tráfico a la playa de ses Salines, a partir de la rotonda que conduce a los dos aparcamientos privados de pago. El proyecto consiste en instalar una barrera en la glorieta que impida el paso del tráfico hacia sa Canal, salvo a los residentes y clientes de los establecimientos de esta zona, eliminar el aparcamiento ilegal de vehículos en la franja colindante a la carretera junto al Mar y Sal y convertir este espacio en una parada para el transporte púbico (autobuses y taxis).
Marí explica que la dificultad para poner en marcha esta medida radica en «un problema» de competencias entre las administraciones implicadas: Consell, Ayuntamiento de Sant Josep y conselleria balear de Medio Ambiente (la dirección del Parque Natural). El plan de movilidad elaborado por al dirección del Parque Natural incorpora esta iniciativa, según la consellera insular.
Todas los implicados, incluidas las empresas Salinera Española e Ibifor (la que explota las concesiones de las dos playas), alcanzaron ya hace un tiempo un pacto para llevar a cabo este proyecto. «Hay acuerdo en que se debe poner una solución, pero, al haber distintas normativas [de carretera, ambientales...], hay que determinar qué Administración puede hacerlo y por qué razón», indica.
La ex primera teniente de alcalde de Sant Josep Paquita Ribas, que dimitió hace dos meses y abandonó también el PSOE para optar a la alcaldía de su municipio con Compromís per Sant Josep, aseguró en septiembre del año pasado que confiaba en que la barrera de control del tráfico pudiera estar operativa a partir de la pasada Semana Santa. Ibifor incluso se comprometió a aportar el personal para controlar la barrera.
El Consell no puede hacerlo
El Consell no puede hacerlo
El Consell tomó la iniciativa para lograr un acuerdo entre todas las partes implicadas, pero, logrado el consenso, ahora falta hallar «la fórmula» para que se pueda aplicar. «La idea era que nosotros llevásemos la iniciativa, pero no podemos», indica la consellera, en referencia a que la institución insular no puede cerrar el paso por «razones ambientales» [compete a la dirección del Parque Natural] y que, en su caso, debería justificar, por ejemplo, motivos de seguridad vial. «Los técnicos están mirando si hay algún resquicio que nos permita hacerlo», apunta Pepa Marí.
La dirección general de Tráfico ha informado favorablemente al corte de la circulación a partir de la rotonda, pero entiende, según explica la consellera, que al situarse la barrera en un punto posterior a la señal de zona poblada, le corresponde al Ayuntamiento su aplicación y gestión.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, indica que la marcha de Paquita Ribas, que gestionaba este asunto, ha condicionado que se haya retrasado la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento. Marí Ribas sostiene que esta medida pueda ayudar también a «controlar la venta ambulante».
Antes de tomar cualquier decisión, el alcalde quiere que los residentes y empresarios conozcan de primera mano el proyecto y que, además, haya un apoyo mayoritario. Otra cuestión que le «preocupa» es si aquellas personas, al margen de los residentes, que acuden a primera hora de la mañana a darse «un chapuzón» (es «una tradición», especifica), se verán obligadas a pagar por aparcar en los parkings privados. «Estoy pendiente de que me contesten a estas preguntas», indica.
El alcalde confía en que, tras las elecciones del domingo, se pueda cerrar este asunto. «No descarto que se pueda llevar a cabo este verano», señala Marí Ribas, que agrega que, según su criterio, este es el camino a seguir en ses Salines, el de «ir limitando la entrada de vehículos».
