La Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep criticó ayer la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza aprobada por el Consell, ya que consideran que «se trata de una modificación que afecta profundamente y de forma muy negativa a las propiedades en suelo rústico y a sus titulares, y con ello al campo y al paisaje de Ibiza». Este colectivo consdiera que «son éstos, con su iniciativa privada (y no el Consell o las asociaciones proteccionistas) los que invierten su tiempo, dinero y esfuerzo en cuidar la paredes, trabajar la tierra, ocuparse de los cultivos y realizar el mantenimiento de árboles y limpieza del bosque (...) que conforman el paisaje tradicional ibicenco que a todos tanto nos gusta».

En un comunicado, advirten: «En contra de lo que algunos quieren hacer creer (por la proximidad de la cita electoral), intoxicando la opinión pública con el argumento de que esta modificación supone un gran logro, lo cierto es que se ha perjudicado sólo a los pequeños propietarios, no afectando (incluso beneficiando) a aquellos que especulan con el suelo rústico. Se han dificultado al máximo las herencias, y no se impiden los 'casoplones', como los han venido a llamar».

Recordaron, sobre la tramitación de esta modificación, que ya denunciaron en su momento que «se ha hecho sin tener listo el diagnóstico que supuestamente la justifica, y que ha costado 100.000 euros a las arcas públicas (de todos)». También niegan que haya sido consensuada, «cuando no sólo no se ha convocado a esta asociación, ni a los agricultores, ni particulares, ni a colegios profesionales, sino que nunca se ha convocado el Consell Sectorial de Participació Ciudadana, que es el lugar y la forma en la que todo esto se desarrolla de forma democrática, pública y transparente».

Las alegaciones presentadas

Además, apuntan desde esta asociación de titulares: «Se ha publicado ya en el BOIB la documentación de la aprobación definitiva del PTI. Esta vez han participado en la consulta pública 256 personas, de las que por lo menos 230 (un mínimo del 90% del total) se mostraban - de nuevo - en contra de la modificación del PTI. Se repite el mismo porcentaje que en la anterior ocasión, cuando se presentaron 2.500 alegaciones, de las cuales el 95% mostraban su oposición».

«Así pues», añaden, «la respuesta de la ciudadanía en contra de estas negativas prohibiciones sin ningún consenso ha sido clara y rotunda».