El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha criticado la falta «de presencia constante de agentes» en los calabozos de las dependencias de la Guardia Civil de Sant Antoni cuando hay personas arrestadas, así como que los agentes accedan a la zona de las celdas con su arma aunque con el cargador vacío pese a la exigencia de hacerlo sin ella.
También denuncia que el sistema de videovigilancia del retén «no cubre todas las zonas por las que pasan los detenidos» y que hay «ángulos muertos», y puso de manifiesto que no se realizan grabaciones «que garanticen la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y de los funcionarios policiales».
Fernández Marugán reflejó esta situación, entre otras cuestiones, en una resolución publicada el 20 de diciembre en la web del Defensor del Pueblo, en la que realiza una serie de recomendaciones y sugerencias para solventarlas. Dicho informe se redactó a raíz de la visita realizada por tres técnicos de la institución al retén de la Guardia Civil, de seguimiento respecto a la anterior visita que se realizó en septiembre de 2010.
Celdas de 4,5 metros cuadrados
El Defensor del Pueblo destaca que las ocho celdas disponibles son de 4,5 metros cuadrados y no cumplen los parámetros establecidos por el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que indica que es aconsejable que la superficie alcance los 7 metros cuadrados y que espacios de menos de 5 metros cuadrados «no deberían utilizarse para hacer pasar la noche a un detenido».
En este sentido, critica que la entrada a las celdas «se efectúa por la puerta principal del cuartel», lo que no es adecuado ni «desde el punto de vista de la seguridad» ni por «la exposición que supone» para ellos cuando todavía mantienen sus derechos al honor y la propia imagen.
Señala que las celdas carecen de puertas con un mecanismo de cierre que facilite su apertura rápida y que la iluminación en ellas «es excesivamente tenue y carece de luz natural, lo que se percibe como especialmente aflictivo para las personas privadas de libertad».
En los calabozos, pone el acento en que los agentes no están permanentemente presentes y que el control se hace visionando un monitor con imágenes. También critica que pese a tener armeros, los guardias civiles accedan con su arma con el cargador vacío, en contra de la instrucción de la secretaría de Estado de Seguridad.
Guardar la grabación 30 días
Del sistema de videovigilancia, sostiene que no cubre todas las zonas por las que pasan los detenidos y que hay ángulos muertos, y sugiere dotar de uno adecuado «a todas aquellas dependencias en las que puedan permanecer personas privadas de libertad, con excepción de los aseos y las salas para entrevistas con los abogados». Asimismo, indica que se ha de garantizar la grabación permanente de las imágenes captadas en las instalaciones y su conservación durante 30 días.
Fernández Marugán indica que el número de agentes de los que dispone el retén resulta «insuficiente» para realizar labores de custodia de detenidos «de manera eficiente» y agrega que en la visita «se constató que no todos los guardias permanecían identificados». Y recoge que los vehículos usados para llevar a personas en custodia «no se encuentran en buen estado de mantenimiento», solicitando información sobre las previsiones para su sustitución.
