La Agrupación de Reformista de Policía (ARP), sindicato de la Policía Nacional, denunció ayer a través de un comunicado que las instalaciones de los juzgados de Ibiza, ubicados en parte de forma provisional en la sede de la Policía Local de Vila, «no son aptas para el cumplimiento de las normas de riesgo laboral» para los agentes de este cuerpo en materia de custodia de detenidos y presos.
El sindicato remarca que el incendio de los juzgados de la avenida Isidor Macabich, que afectó a los cuatro juzgados de Instrucción, los dos de lo Penal, el de Violencia Sobre la Mujer y al Instituto de Medicina Legal, también está perjudicando a los funcionarios de la comisaría, «cuya labor se viene efectuando en precario».
En esta línea, la ARP advierte de la situación de «extrema dificultad profesional» en la que los funcionarios realizan los servicios, «algunos a pie de calle en su recorrido desde el edificio policial a las dependencias de Policía Local, donde se han instalado los juzgados afectados».
Riesgo
Riesgo
El sindicato policial considera que «se está poniendo en riesgo permanentemente» a los funcionarios encargados del servicio de conducción, así como aquellos que «en labores de custodia deben permanecer en los lugares acondicionados para los detenidos» o en los habitáculos destinados para los funcionarios de justicia, policiales y de la Guardia Civil. Esta situación ocurre, según la ARP, «sin que las autoridades locales y resto de las administraciones implicadas en territorio balear, hayan sido capaces de acelerar el proceso de restablecer las condiciones a su anterior estado», o en todo caso, designar otro edificio con garantías para la custodia y seguridad.
La ARP entiende que se debe exigir que los plazos de entrega de los nuevos juzgados «se aceleren y poner fin a la provisionalidad» de las dependencias en Policía Local, como sede judicial. Aun así, señala el sindicato que en el marco de estas medidas provisionales «es urgente, tomar otras iniciativas respecto al depósito de presos y penados existente», por lo que reclama que el Delegado del Gobierno en Balears se ponga al frente de esta reivindicación «para reconducir los servicios policiales a un máximo de garantías funcionales».
Por todo ello, el sindicato solicita a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía y a la Jefatura Superior de Policía de Balears que revise de forma urgente la situación y adopte medidas correctoras para la «autoprotección de los funcionarios» así como para «garantizar la custodia y seguridad de los detenidos y presos».
También reclama la ARP que se aplique en todos su términos la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los policías para garantizar los derechos los detenidos bajo custodia policial y que se haga una «inspección urgente» de las condiciones que se imponen a los funcionarios de la comisaría.
