El Consell de Ibiza y las policías locales de la isla han comenzado ya las batidas para detectar y sancionar pisos que ofrezcan alojamiento a turistas sin autorización. La institución insular hizo ayer este anuncio a través de una nota de prensa, coincidiendo con el inicio de la temporada de mayor afluencia de turistas a las islas. La coordinación y definición de las batidas se hace a través de las reuniones de la Comisión contra el Intrusismo en el Turismo que celebran el Consell y los cinco ayuntamientos de la isla.

Además de las inspecciones, el Consell ha iniciado una nueva campaña informativa para disuadir a propietarios de viviendas y plataformas comercializadoras de que alquilen alojamientos a turistas sin contar con la preceptiva autorización. El Consell alertó en la nota de que «cualquier propietario de una vivienda donde se preste actividad de alquiler irregular puede ser sancionado». «Se pide tanto a propietarios, como a explotadores y a plataformas comercializadoras que únicamente realicen actividad de alquiler turístico en viviendas legalmente registradas, y se avisa de que en el caso contrario se abrirán los correspondientes expedientes sancionadores», prosigue el comunicado.

Desde la institución recordaron que la Ley Turística de Balears declara responsables de las infracciones relacionadas con la comercialización de estancias turísticas en viviendas ilegales tanto a los propietarios de los inmuebles como a los posibles explotadores y comercializadores.

Denuncias anónimas

Denuncias anónimas

El Departamento de Turismo del Consell recordó también que tiene a disposición de los ciudadanos un correo electrónico ( inspeccio.turisme@conselldeivissa.es) a través del cual cualquier persona y de forma totalmente confidencial puede denunciar la práctica de actividades de alquiler turístico irregular.

La Ley Turística establece que la comercialización de una vivienda como alojamiento a turistas sin autorización implica una infracción grave, con multas de entre 20.001 y 40.000 euros tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrezca de forma irregular. En el caso de las plataformas y otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.

Como ya adelantó Diario de Ibiza, el Consell abrió en 2018 un total de 233 diligencias previas por alquiler turístico irregular, pero solo 29 terminaron en expedientes y solo 15 acabaron en sanciones. La recaudación fue de 142.005,46 euros en sanciones, sobre un total de 318.984,86 euros recaudados en materia de ordenación turística.

En 2017 se recaudaron 22.800 euros en sanciones a alquileres turísticos irregulares, sobre un total de 129.987,72 euros, y en 2016 fueron 22.725 euros, sobre un total de 94.970 euros.

No obstante, en los tres últimos ejercicios la proporción de sanciones es del 7,2% con respecto al número de denuncias iniciadas.