Propietarios de alquileres ilegales en edificios residenciales de Ibiza obligan a los turistas a firmar un documento en el que éstos manifiestan que se encuentran en la isla «por motivos laborales» o para «procesos de selección laboral». Así responden cuando los vecinos denuncian su ilegalidad a Homeaway, la plataforma en la que se publicitan.

Hace sólo unas semanas, un portavoz de Homeaway aseguró a Diario de Ibiza su «predisposición» a colaborar con las instituciones para poner coto al alquiler ilegal. Ese mismo portavoz aseguró que la compañía retira «de forma rápida y diligente» los anuncios que incumplen la legislación, aunque insistió en que no es la plataforma la que debe detectar los anuncios ilegales, sino «las instituciones competentes». Además, señaló que no disponen de medios para verificar los «millones de casas en todo el mundo».

Sin embargo, la plataforma tampoco actúa cuando son los vecinos afectados los que le comunican la ilegalidad de los alquileres. Ni en ésta ni en ninguna otra de las páginas que ofrecen alquileres por días existe la opción de denunciar un anuncio de forma directa. En el caso de Homeaway, la única posibilidad es enviar un correo electrónico al departamento legal, que se encuentra en Inglaterra y al que responden con un correo automático en el que informan de que han «escalado el caso al departamento correspondiente».

La odisea de denunciar

También es posible llamar al teléfono de atención al cliente (un 900), en el que la operadora no sabe cómo reaccionar cuando se le explica que lo que se quiere es denunciar un alquiler ilegal. Tras un cuarto de hora con varias esperas mientras consulta qué hacer, simplemente toma nota del correo electrónico y el teléfono.

Tres semanas después, no hay respuesta. Ni por un lado ni por otro a pesar de que en la web reiteran su compromiso con la legalidad: «Si HomeAway considera que el contenido de ciertos anuncios no se ajusta a las directrices sobre contenido o a la legislación aplicable, se eliminará de nuestra página web». Sin embargo, la propietaria del apartamento denunciado ha cambiado su anuncio y exige a los turistas que, antes de entrar en el piso, le firmen un documento en el que aseguren que se encuentran en la isla por motivos laborales. Además, la propietaria o gestora del apartamento denunciado ha eliminado su nombre de su perfil.

Cuando, haciéndose pasar por un posible cliente, se les pregunta directamente a los propietarios o gestores de estos alquileres si todo está legal, la mayoría no responde a esta duda. Uno de los que sí lo hace, gestor de un apartamento «de lujo» de un edificio plurifamiliar de la avenida de Pere Matutes Noguera, en Platja d'en Bossa, miente asegurándole al interesado que todo está correcto: «No hay problema alguno en este edificio. La polémica es en apartamentos que se encuentran dispersos en edificios plurifamiliares con residentes locales». La gestora de otro apartamento afirma, a pesar de que se trata de un plurifamiliar en el municipio de Ibiza : «En este edificio está todo en regla».

Airbnb ofrece la opción de denunciar los anuncios directamente en un linkque aparece debajo de la solicitud de reserva, sin embargo, para esto es imprescindible darse de alta. También se pueden poner quejas a través del apartado 'vecinos', pero es únicamente para temas concretos: ruidos, fiestas, basuras, aparcamientos, seguridad personal o actividades delictivas y «preocupaciones de carácter general sobre la actividad como anfritrión de mi vecino».

Denunciar esta situación a través de este sistema no sirve absolutamente de nada. Una vecina advierte de que en la página se está alquilando de forma ilegal a través de Airbnb un apartamento en la calle Mediterrània, en Platja d'en Bossa, en un edificio plurifamiliar en el que vive gente todo el año y que están hartos de denunciar la situación a la Policía Local, Hacienda y el Consell de Ibiza . Todo ello con el mismo resultado: ninguno.

Anfitrión en China

La respuesta de la plataforma llega de forma casi inmediata a través de Artur, uno de los calificados por la plataforma como « superhost» (superanfitrión) que, según su perfil en la web vive en China, desentendiéndose por completo del problema: «Hemos informado a tu vecino de tu queja, pero no podemos tomar medidas adicionales ni mediar en conflictos relacionados con el incumplimiento de la legislación o las normativas locales o cualquier acuerdo suscrito con terceros». Eso sí, ideas para denunciar deja unas cuantas: «Si te encuentras en el mismo edificio, te recomendamos que te pongas en contacto con el propietario de la vivienda donde resides, la comunidad de propietarios, las autoridades competentes en materia de vivienda o cualquier otra parte interesada para resolver el problema». Es decir, nada. Apenas quedan días libres para este apartamento (250 euros la noche por una habitación) entre mediados de mayo y la primera semana de septiembre.

Desde el servicio de atención al cliente de la propia plataforma la respuesta (remitida en inglés) tampoco es muy alentadora: «Hemos compartido tu queja con tu vecino y le hemos hecho algunas sugerencias para redirigir la situación».

Ningún departamento de comunicación de Airbnb ni de Homeaway respondió a las peticiones de información de este diario sobre las vías que tienen para denunciar los vecinos afectados por los alquileres ilegales promocionados en sus plataformas.