Las instituciones ibicencas vienen asegurando desde hace un año que «se ha atajado de raíz» el alquiler de pisos turísticos en la isla (como afirmó hace pocos días el alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, o lo viene asegurando con frecuencia el director insular de Turismo, Vicent Torres Ferrer), pero la realidad dista mucho de parecerse a esas afirmaciones. Según un rápido análisis efectuado por este diario, algunas plataformas digitales, como Booking, han dejado de anunciar alojamientos ilegales en la isla, pero otras siguen haciendo caso omiso a lo estipulado en la ley. El caso más clamoroso es el de Airbnb, que, impasible a las sanciones y a los requerimientos institucionales, sigue anunciando el alquiler de pisos para turistas para este verano.

Airbnb sigue incluyendo decenas de pisos para alquilar a turistas a lo largo y ancho de la geografía pitiusa, exponiéndose así a nuevas sanciones, si bien esta plataforma no parece sentirse especialmente atemorizada por las campañas inspectoras del Consell ni por la multa de 400.000 euros que se le ha impuesto y que tiene recurrida en los tribunales. No sólo anuncia pisos en edificios plurifamiliares (que no pueden alquilarse a turistas bajo ninguna circunstancia), sino también numerosas casas de campo desprovistas del necesario número de registro. Sin exhibir el anuncio de la web, cualquier villa se está comercializando de forma ilegal.

Otra de las grandes plataformas de alojamiento, Homeaway, pese a haberse comprometido a cumplir las normativas vigentes, continúa vulnerándolas en un gran número de casos. Según la búsqueda efectuada por este diario para los días del 11 al 14 de julio, aún hay decenas de villas desprovistas del número de registro E, incluso, sigue habiendo algunos pisos en edificios plurifamiliares que es posible alquilar por los turistas.

Ayer, un portavoz de Homeaway (que no autorizó a publicar su nombre) aseguró que su compañía «de forma rápida y diligente retira los anuncios que incumplen la legislación», pero dijo que quienes deben detectar esos anuncios ilegales no es Homeaway, sino «las instituciones competentes». «Si recibimos una notificación oficial de la autoridad competente, lo retiramos», añadió. A la pregunta de por qué no impide la propia compañía publicar anuncios ilegales, este portavoz afirmó: «No tenemos medios para verificar los millones de casas que hay anunciadas en todo el mundo», pero reiteró su «predisposición» a colaborar. «Es competencia de la Administración la verificación y control de los alojamientos. Nosotros retiraremos los que incumplan», recalcó.

Este portavoz interpretó que el número de registro para viviendas vacacionales sólo es obligatorio «para las nuevas casas» que se comercializan en su web, cuando la ley turística no hace tal distinción, como corroboraron ayer el vicepresidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Juanjo Riera, y la presidenta del colectivo Soluciones Legales para Todos, Naihara Cardona, que atiende a los afectados por la falta de vivienda y los pisos turísticos.

Cardona señaló que tiene la impresión de que ha bajado el número de pisos turísticos en la isla, y le consta que algunos ayuntamientos, en especial los de Santa Eulària y Vila, están imponiendo multas por la vía urbanística. Sin embargo, «el Consell no está haciendo su trabajo», señaló. «El problema no es la ley, el problema es que no se hace nada para hacerla cumplir».

Cardona añadió que el director insular de Turismo, Vicent Torres, aseguró recientemente que en el último año sólo ha abierto unos 50 expedientes por alquileres turísticos ilegales, lo cual es «una ridiculez», consideró.