La iniciativa de comprar más uniformes de policía que agentes había realmente en el Ayuntamiento de Sant Antoni en el anterior mandato del PP partió directamente del inspector jefe, Javier Verdugo, pues fue él quien redactó los llamados informes de necesidad de, al menos, los años 2013 y 2014, según ha podido comprobar este diario. En ellos se consignaba la cantidad de prendas, elementos y equipos de uniformidad que necesitaba la plantilla. Verdugo había declarado el día anterior a este diario: «Yo no redacto ningún documento de esos».
Los dos informes, firmados por él, dicen textualmente: «Sería necesaria la adquisición [de uniformidad policial] por el sistema de concurso, para un total de 62 agentes de la Policía Local». «La adjudicación debe ser por un importe máximo de 63.000 euros», añadía.
Estos informes fueron los que sirvieron de base para los respectivos contratos de adquisición firmados con la empresa Insignia SL (cuyos dueños fueron detenidos y están pendientes de juicio). Es en dichos documentos donde se aprecia un notorio desfase entre el número de agentes para los que se piden uniformes y la plantilla realmente existente en ambos años. Así, en 2013 Verdugo pedía uniformes y otros equipos para 62 agentes (por un importe de 63.000 euros), cuando ese año sólo hubo 54 policías, según consta en la memoria oficial del Govern balear. En cuanto a 2014, Verdugo solicitaba igualmente 62 uniformes, por la misma cantidad económica, pese a que ese año sólo hubo 39 agentes.
Pero, como han denunciado los policías del CSIF, de esos 63.000 euros sólo acabó llegando material por valor de 20.000 euros en ambos años. De este modo, habría 86.000 euros cuyo paradero se desconoce en estos momentos o, como afirmó anteayer la concejala Aída Alcaraz, «por el camino se iba quedando algo».
Los denunciantes han destacado también que, pese a que la situación de la policía cambia cada año, la cantidad económica solicitada por Verdugo para comprar uniformes «era calcada todos los años, incluyendo los céntimos», afirmó ayer un portavoz del CSIF y agente de la Policía.
«Error o falsedad documental»
«Error o falsedad documental»
De hecho, el Tribunal de Cuentas no pasó por alto esta circunstancia en la resolución emitida en 2016, cuando detectó que los contratos de compra de uniformes, en realidad, acababan siendo «un suministro de tracto continuado». «Puede detectarse así una alteración de la naturaleza del contrato», señala esta resolución.
También el Tribunal de Cuentas confirma que, según la propia policía, el reparto de los uniformes que llegaban se hacía «en bolsas unipersonales y no mediante justificante de entrega, por no tratarse de material sensible». El mismo dictamen lamenta no haber podido tomar declaración al oficial encargado de material (el que recibía los uniformes y los distribuía), «a los efectos de determinar si en el informe del inspector jefe se ha cometido error o falsedad en documento público».
Por otra parte, los agentes denunciantes explicaron a este diario que la empresa de uniformes también vendió munición en estos años a la Policía, a pesar de que «una empresa de este tipo no puede vender munición».
En concreto, Insignia SL habría suministrado 14.000 cartuchos a la Policía Local, «lo cual solo puede hacer una armería». El inspector-jefe, al ser preguntado al respecto por este diario, admitió que probablemente se había comprado esta munición a Insignia SL, pero señaló que esta empresa «también funciona como armería».
