Insignia SL es un nombre bien conocido en la Comunidad Valenciana desde que en 2017 empezaran a saltar escándalos relacionados con la compra de uniformes para los cuerpos locales de policía de varias localidades de Valencia y Alicante. Esta empresa y otras relacionadas con ella parecen seguir el mismo modus operandi en otros ayuntamientos a los que suministran uniformes.
En septiembre de 2017, después de que la Policía Nacional tomara cartas en el asunto, se detuvo a varios empresarios, entre ellos a Mario Gil Moreno y su hermano Antonio, administradores de Insignia SL. Estaban acusados de los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental. También están imputados dos exconcejales de Gobernación y responsables policiales. El caso espera ahora la convocatoria de juicio oral.
En este caso, la alarma saltó cuando se comprobó que el material remitido por la empresa a la Policía Local de Santa Pola no coincidía con lo contratado, pues había más cantidad de la debida y en muchos casos los uniformes no llegaron a la jefatura policial.
Uno de los correos electrónicos incorporados a la causa resulta ilustrador de cómo actuaba esta trama en Santa Pola: «Ojo, el nuevo concejal de Hacienda quiere liquidar la deuda con Gil de los Ríos [la empresa que hasta entonces hacía la trampa para quedarse con la adjudicación], quiere decírselo a la interventora y Roque [Alemañ, oficial imputado] opina que esto sería un suicidio, porque si se entera de que se han firmado entregas de la uniformidad sin haberse producido... como poco irá a la Guardia Civil».
Contrato anulado en Torrent
Contrato anulado en Torrent
Por otra parte, en el municipio valenciano de Torrent el Ayuntamiento creó una comisión de investigación para aclarar las irregularidades detectadas en la compra de uniformes a esta empresa. El jefe de Policía y el concejal de Seguridad fueron señalados como los principales responsables de haber convocado un concurso que tuvo que ser anulado finalmente. Tras un acuerdo con la empresa suministradora, se devolvieron las prendas y se convocó una nueva licitación.
Una de las peticiones que hacen los agentes denunciantes de Sant Antoni es que la Guardia Civil intervenga en la investigación de este caso, como ha hecho la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en estas localidades de la Península.
La concejala de Gobernación del Ayuntamiento, Aída Alcaraz, explicó ayer que los concursos que realizaba el PP de Sant Antoni parecían destinados a excluir deliberadamente a otras empresas del sector para poder adjudicar los contratos a Insignia SL, compañía que lleva al menos diez años obteniendo estos contratos en Sant Antoni. «Nos dimos cuenta de que los pliegos con los que se había licitado la uniformidad estaban redactados de tal modo que hacía imposible la presentación de la mayoría de empresas», indicó.
Al tomar posesión del cargo, Alcaraz cambió el sistema y desde entonces Insignia ha dejado de proveer material.
«Yo implanté que, cada vez que se recepciona algo en el retén, el responsable del material debe remitirme a mí un acta de recepción. Yo no firmo una factura sin ese acta. Pero esto lo tuve que implantar yo, porque antes no se hacía», explicó.
El Ayuntamiento estudia ahora qué medidas concretas proponer a los juzgados para investigar a los implicados en este caso.
