Los taxistas de Ibiza temen el desembarco en la isla de Uber o Cabify, canales de venta para alquilar vehículos con conductor (VTC), y anuncian que recurrirán para evitar que el Consell otorgue 85 licencias más de este tipo. Tal como publicó ayer este diario, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado cuatro sentencias que obligan a la institución insular a tramitar las solicitudes de 85 licencias de VTC, cursadas entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, sin atender a las «limitaciones cuantitativas».

Se refiere a que el Consell debe verificar si las dos empresas y particulares que pidieron estos permisos de VTC cumplen los requisitos que marca la ley de transportes sin considerar el tope aprobado por el Govern balear de 50 en Ibiza. Inversiones Andalucía 2014 S. L. (25 licencias) y Aucona Servicios Integrales (20) son las empresas que han ganado el pulso judicial al Consell. En la segunda figura como administrador solidario Rafael García-Tapia, que es consejero delegado de Moove Cars Sustainable Transport SL, la principal empresa por número de licencias de VTC en España que usa Uber como canal de venta.

El presidente de la Federación Insular del Taxi, Alejandro Cardell, lamenta que «las cosas se han hecho mal desde el principio», en referencia al momento en que «se abrió la ventana» para que pudiera proliferar esta oferta, que entra en competencia directa con su sector. Cardell sostiene que su gremio no tiene ningún problema con los 50 VTC que circulan en la isla. «No estamos disconformes con ellas. Trabajan como corresponde», indica, en alusión al servicio que ofrecen, distinto al del taxi. «Lo que viene, en cambio, lo va destrozar todo. Esta es la gran cuestión», advierte.

Joan Marí, vicepresidente de la Asociación de Taxistas Profesionales, colectivo minoritario, recuerda que las VTC cubren «un servicio exclusivo» cuya tarifa además «no tiene nada que ver con las de Uber y Cabify. «Una VTC de aquí no trabajaría con esas tarifas», indica. Recuerda, además, que al margen de estas 85 licencias de VTC, aún no está claro que vehículos de este tipo de Mallorca tengan algún impedimento para operar en Ibiza.

«Se puede dar marcha atrás»

«Se puede dar marcha atrás»Cardell considera que, pese a lo que dice la sentencia, hay margen suficiente para que se pueda impedir la concesión de las 85 licencias VTC. «Nos personaremos para seguir toda la tramitación. Pensamos que se puede dar marcha atrás», apunta el representante de la federación de taxistas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transporte Discrecional y vicepresidente de la de VTC de Balears, Emilio Díaz, confía en que, para empezar, el Consell recurrirá las sentencias al Tribunal Supremo, con lo que por lo menos se ganará un tiempo. Al igual que los taxistas, su organización también recurrirá.

Díaz puntualiza que al asegurar, en su primera reacción, que estas sentencias son «un desastre» y que es propio de las cosas que «pasan en esta isla», no culpa de ello «a ningún gobierno concreto». «La realidad es que si pasa algo hay que reaccionar lo más rápido posible. No cinco años más tarde o seis», indica. Se refiere «al vacío legal» que hubo entre 2010 y 2015 que ningún gobierno fue capaz de solucionar y que permitió que se solicitaran en toda España 14.000 licencias de VTC. «Con estas licencias se buscaba cambiar el modelo de negocio y la entrada de Uber y Cabify», considera Díaz.

En todo caso, Díaz asegura que no quiere ser «catastrofista» y cuestiona que Uber o Cabify tengan suficientes vehículos para operar en la isla. De hecho, las compañías de VTC de la isla han rechazado ofertas para destinar sus flotas a esta nueva oferta. Además, los salarios en Ibiza son mucho más altos. «Es complicado que este modelo de negocio se pueda aplicar en la isla», opina el empresario.