Un bar del West End, situado en la calle Bartomeu Vicent Ramon, acumula un total de 93 denuncias por ruido desde que se implantó la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en enero de 2017. Dicho establecimiento tiene impuestas multas que suman 247.000 euros y es el caso más destacado de todos los que dio a conocer ayer el equipo de gobierno.
El Ayuntamiento, desde esa fecha, ha impuesto 345 denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales en esta zona, que comprende las calles Cristòfol Colom, Bartomeu Vicent Ramon, Vara de Rey, Sant Antoni, Sant Mateu, General Prim y Santa Agnès.
En este enclave han sido denunciados un total de 20 establecimientos distintos contra los que se tramitan sanciones que, en conjunto, ascienden a 746.913 euros. Además, se ha decretado el cierre de algunos de los locales sancionados durante periodos cuya duración depende de la gravedad de los hechos. En total, los infractores deberán permanecer sin actividad durante 85 días. Los sancionados han cumplido ya 39 jornadas de cierre; otros 46 días de clausura están pendientes de ejecución por estar el procedimiento todavía en trámite o por haber sido recurrido mediante la presentación de un recurso judicial.
Siete grandes infractores
Siete grandes infractores
La mayor parte de las denuncias se concentra en siete establecimientos, cinco de los cuales están ubicados en la calle Santa Agnès. Aparte del citado bar de la calle Bartomeu Vicent Ramon con 93 expedientes, otro de la calle Vara de Rey suma 198.276 euros en multas. En la calle Santa Agnès hay negocios que suman 96.732 y 75.425 euros. La mayor parte de las denuncias interpuestas por la Policía Local corresponden a infracciones de las ordenanzas municipales por llevar a cabo reparto de publicidad sin autorización o por permanecer con las puertas abiertas, permitiendo que el sonido de los locales trascienda al exterior.
Cobro mediante embargo
Cobro mediante embargo
Sin embargo, hay otras multas cuyo cobro está en marcha a través de la Agencia Tributaria. Este organismo está gestionando otros 629.584 euros correspondientes a sanciones firmes impagadas por incumplimiento de las ordenanzas.
Está previsto que, de forma inmediata, se proceda al cobro mediante embargo de estas sanciones no abonadas en periodo voluntario.
