El 21 de enero alguien incendió el viejo edificio judicial y paralizó toda acción penal en el partido judicial de Ibiza. Una sensación de derrota se ha adueñado desde entonces de los funcionarios de Interior y Justicia. Se preguntan cómo es posible que alguien pegue fuego a los juzgados y no pase nada, que casi dos meses después el Gobierno diga que aún no sabe si fue intencionado o fortuito, y cómo es posible que no hubiera vigilancia nocturna, ni cámaras de seguridad, y que no funcionaran las alarmas. También inquieta que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Antoni Terrassa, diga que no le preocupa lo ocurrido más que a cualquier otra persona: «Es un tema que deberá preocupar al juez competente en el caso de que haya que abrir diligencias, yo no tengo en eso ni mayor ni menor preocupación que cualquiera de los presentes». Así habló Terrassa el día en el que decidió visitar Ibiza el 26 de febrero, más de un mes después del incendio.
Preguntados por este diario, jueces, secretarios judiciales, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y funcionarios consideran que el incendio del juzgado representa «un atentado contra el Estado de Derecho». Y lo peor, según los expertos, es que es casi una certeza que nunca se va a poder demostrar quién fue, porque en el juzgado de Ibiza «hay menos vigilancia que una guardería». «Alguien está disfrutando mucho con todo esto», dicen en el juzgado. «Alguien ha conseguido quemar su expediente, retrasar muchísimo la instrucción de su caso y, a la hora de dictar sentencia, conseguir una más que cualificada atenuante de dilaciones indebidas que, sin duda alguna, le servirá para reducir en años una posible pena de prisión», advierten. El incendio, que comenzó en la segunda planta, acabó con todos los expedientes del Juzgado de Instrucción número 1, y al menos con otros 750 del piso de arriba, donde estaba el Juzgado de Instrucción número 2.
El Gobierno no sabe
El Gobierno no sabe
La semana pasada el Gobierno dijo que aún desconocía las causas del incendio. Si en el Gobierno quisieran, sólo tendrían que leer la prensa para saber que, junto al edificio, en el lateral en el que comenzó el fuego, alguien instaló una escalera desde la que acceder a las ventanas del Instituto de Medicina Legal, y también que a pocos metros de la escalera apareció una mochila con pastillas de encendido, como las que se usan para encender chimeneas. Sólo con leer la prensa local el Gobierno sabría que, al día siguiente del fuego, la mismísima responsable de Interior del Consell de Ibiza declaró a cámara que todo el mundo sabía ya que «el incendio fue intencionado».
«El tema es tan grave que prefieren decir que no saben, y en público nadie se atreve a decir la verdad: que esto ha sido un atentado gravísimo contra el Estado de Derecho y que en esta isla el Estado falla, y falla cada día», dicen en el juzgado. «Prefieren hacer como si no fuera con ellos, como han hecho en el TSJB», añaden.
Llevando el caso al extremo, algunos hasta encuentran ciertas similitudes entre el paso adelante dado por el autor o autores del incendio de los juzgados de Ibiza con la actitud del histórico narco Pablo Escobar en la Colombia de los años 80, cuando éste se vio acorralado por la Justicia de su país. Otros aseguran que el incendio de este edificio no es más que la crónica de un suceso anunciado. Anunciado, en este caso, por las advertencias de la falta de seguridad en el edificio. Advertencias como la que realizó por escrito el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres en el año 2006, cuando se suprimió el servicio de vigilancia nocturna en los juzgados de la isla. Torres envió ese año un escrito de protesta al Ministerio de Justicia advirtiendo del peligro que suponía dejar el edificio desprotegido por las noches. De hecho, a juicio del juez decano, la vigilancia nocturna podría haber «disuadido» y, de alguna manera, haber evitado el incendio del edificio, un suceso que ha dejado al partido judicial de Ibiza en una situación «catastrófica», en palabras de Torres. Incluso en ese escrito se señalaba la zona de la Forensía como uno de los puntos débiles del edificio judicial por el que alguien podría entrar, como, de hecho, ocurrió la noche 21 de enero.
Las alarmas no funcionan
Las alarmas no funcionan
La noche del incendio no funcionaron las alarmas y las dos únicas cámaras de seguridad que había en el edificio, ambas situadas en el acceso principal, no registraron nada útil para los investigadores, que se sienten impotentes ante un desafío imposible.
La única comunicación oficial acerca del incendio de los responsables de la investigación, que son los jefes del Cuerpo Nacional de Policía de Mallorca, es un wasap enviado a los periodistas de las islas que cubren el área de tribunales dos días después del atentado: «Respecto al incendio en los juzgados de Ibiza, los hechos se están investigando y cuando se tenga alguna novedad se informará a los medios de comunicación». Desde entonces han transcurrido dos meses de silencio.
