El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer el Régimen Especial de Balears (REB), tal y como se había anunciado: en dos partes, una con efecto inmediato y otra que quedará en manos de quien gobierne después de las elecciones del 28 de abril, y sin una inversión fija tal y como reclamaba inicialmente el Govern. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, reconoció que esto no se ha podido conseguir por la negativa, primero, del exministro Cristóbal Montoro y, después, de la ministra socialista María Jesús Montero. «Siempre hemos planteado una cantidad fija, pero el Gobierno nunca ha querido negociarla. Por eso se toma una cantidad relativa, que es llegar a la media de inversión», detalló ayer la consellera.
El consejo de ministros aprobó ayer el decreto ley y el anteproyecto de ley en los que ha quedado traducido el nuevo REB. La ministra portavoz Isabel Celáa hizo el anuncio en la rueda de prensa posterior, en el que detalló las medidas ya avanzadas y apuntando que buscan «compensar la insularidad» en las islas y «reconocer el hecho insular como circunstancia a tener en cuenta». Sin embargo, lo cierto es que el Régimen Especial, que inicialmente buscaba una inversión fija para esa compensación, servirá finalmente para otra batalla, la de poner en la media de inversión a Balears.
Cladera admitió que el planteamiento del Govern era «una cantidad fija», que sin embargo «el Estado nunca ha querido negociarla». «Con Montoro la parte fiscal no estaba cerrada, pero sí negociada; pero el fondo de insularidad no estaba ni negociado», relató ayer la consellera: «Montoro, del fondo de insularidad ni quiso oír hablar».
Según explicó Cladera, el PP balear, en su negociación paralela con el exministro, le reclamó que se fijara en 90 millones de euros, pero «en ningún momento hubo un documento».
Negociación con Sánchez
Negociación con Sánchez
Con la moción de censura y el cambio de Gobierno, según Cladera, el Govern «apretó para que el tema siguiera adelante», pero la cosa no cambió en cuanto al fondo de insularidad. Tal y como ya informó este diario, la ministra Montero rechazó la partida que se reclamaba de 400 millones. Cladera lo reconocía ayer, señalando que «el Gobierno nunca ha querido negociar» esa cantidad fija.
Finalmente, desde finales del año pasado se acordó que ese fondo sirviera para poner a Balears en la media de inversión del Estado, lo que puede suponer en torno a 150 millones de euros al año más para el archipiélago. Además, al margen, habrá inversión al transporte terrestre y a la transición energética.
Cladera, en línea con lo que ya explicaba Armengol el jueves, justificó que la parte del régimen fiscal vaya a quedar sin aprobar por tener que tramitarse por proyecto ley debido a que no se pueden modificar impuestos por decreto ley. Esas medidas, cuantificadas en 270 millones, supondrán deducciones en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF para empresas y autónomos de las islas. Si se acaba aprobando. Con todo, la consellera expresó su «seguridad» en que se vaya a aprobar con el próximo Gobierno. La consellera apuntó a dos escenarios posibles: que siga gobernando Pedro Sánchez, caso en el que avanzó que «lo aprobará»; o que gobierne la derecha, escenario en el que confió que también se apruebe: «Si se siguen defendiendo los intereses de Balears también quedará aprobado». A partir de ahí, Cladera admitió en que deberá «seguir mejorándose».Listo para los próximos PGE
Listo para los próximos PGE
¿Cómo se garantizará que llegue la inversión contemplada en el decreto ley? Según detalló el director general de Presupuestos, Joan Carrió, con el decreto quedan «previstas dos reuniones mínimas al año». Estas reuniones servirán para, primero, decidir conjuntamente Gobierno y Govern a qué se destina la inversión, y, después para vigilar que se cumple.
Según incidió el director general, cuando se aprueben los próximos presupuestos del Estado ya deberán respaldar económicamente el REB e incluir ya ese fondo de insularidad que ponga al archipiélago en la media de inversión.
«Establecemos medidas económicas y fiscales para compensar la insularidad» de Balears, defendió ayer la medida la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa. «Se reconoce el hecho insular como circunstancia a tener en cuenta en el equilibrio del territorio español», explicó Celáa, que insistió en que el fondo de insularidad se trata de «un instrumento financiero para que Balears reciba las inversiones estatales en la media española». La portavoz recordó que también queda blindado el descuento de residente.
