La Sala de Gobierno del TSJB (Tribunal Superior de Justicia de Balears), en una reunión ayer convocada de manera extraordinaria, criticó las «dificultades» surgidas por las «propuestas cambiantes» de jueces de Ibiza para el traslado de los siete juzgados, así como del Instituto de Medicina Legal, a instalaciones provisionales en el Cetis y en el Consell por el incendio en la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich del pasado 21 de enero. Por otro lado, la arquitecta del Ministerio de Justicia informó de que la nueva sede judicial no se podrá ocupar antes del 31 de marzo pese a que se han acelerado las obras y que el edificio incendiado ya está «totalmente apuntalado».
La Sala de Gobierno del TSJB criticó que desde el 13 de febrero han sobrevenido «vacilaciones, reticencias y disconformidades» con lo inicialmente validado dentro del grupo de trabajo constituido por el Ministerio de Justicia en el que se integró el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, para la reubicación de espacios en la planta IV de la Torre 1 en el edificio Cetis, tanto para el servicio de guardia como para parte de los de Instrucción.
En concreto, desde el TSJB señalaron que «por segunda vez los acuerdos de la Junta sectorial de jueces del orden jurisdiccional penal de Ibiza contienen propuestas que no concuerdan con lo validado por el juez decano, «el órgano competente en este aspecto». El TSJB denunció que la propuesta de «despachos independientes (para un juez, un letrado de la Administración de Justicia y un médico forense cuando presten servicios de guardia) no se había planteado hasta ahora» y que sustituye una anterior «cuando estaban prácticamente finalizados los trabajos de adaptación». Asimismo, añadió que incluir un espacio habilitado para dos funcionarios de cada juzgado de Instrucción (que se sumarían a los cuatro previstos para el de guardia) «difiere mucho de la medida en ejecución (de 20 funcionarios pasarían a 16)». «Ambas responden a un oscilante cambio, lo que no contribuye a la urgente implantación de las instalaciones provisionales, especialmente por la demora resultante de estas rectificaciones».
La Sala de Gobierno también explicó que asumiría las peticiones de los jueces de Ibiza «si su ejecución no supusiera demora ni tampoco pérdida en el número de puestos de trabajo ya previstos, especialmente en vista de que las gestiones para alquilar dependencias en el Cetis han progresado positivamente». Por otro lado, desde el TSJB denunciaron que las «insalvables dificultades derivadas de la doble conducción y doble asistencia a detenidos desaconsejaron reubicar el juzgado de Violencia sobre la Mujer en el espacio ofrecido por el Consell», pero agregaron que «la propuesta alternativa para que allí puedan celebrarse juicios de los dos juzgados de lo Penal debería dar comienzo de inmediato».
A continuación, el TSJB remarcó que «convendría valorar la posibilidad o inconveniencia de compartir la actividad judicial en las dependencias actualmente operativas, pero distribuyendo el horario entre mañana y tarde, aspecto sobre el que tampoco ha mediado pronunciamiento alguno». «Ante esta situación excepcional se debe focalizar el esfuerzo en recuperar el retraso acumulado para dar una rápida respuesta a los problemas más acuciantes», concluyó el TSJB.
