Balears dio luz verde el martes a una de sus leyes más ambiciosas, la ley de Cambio Climático. La nueva norma, que diseña la ruta de la transición energética en las islas, sustituye el habitual cortoplacismo político para establecer un calendario a 30 años vista para la progresiva sustitución del actual parque de coches de gasolina y diésel por vehículos eléctricos y para el paso de la dependencia de las energías fósiles a las energías renovables. Con su prohibición a los nuevos coches diésel en 2025 y gasolina en 2035, el archipiélago se convierte en el referente de una medida a la que ya han puesto fecha varios gobiernos europeos y que ha llevado el nombre de Balears a diarios como el Washington Post o el New York Times.
Sin embargo, la aplicación de la ley queda en el aire. Sobre ella penden la decisión que tome la Comisión Europea tras el recurso de la asociación de fabricantes de coches Anfac, la amenaza del PP de que de llegar al Govern tumbará en sus cien primeros días el veto a los nuevos diésel en 2025 y la carta enviada in extremis, un día antes de la votación de la ley en el Parlament, por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). «La fuerza de los lobbies está presente», resumía en sus redes, tras escuchar al PP, el padre y principal artífice de la ley, el exdirector general de Energía del Govern Joan Groizard.
Precisamente, en las maniobras de los lobbies parece estar la clave. Y es que Balears no es ajena a ellos. Durante la tramitación de la ley de Residuos, que prohíbe los plásticos de un solo uso desde 2021, multinacionales de la talla de P&G, HP, Hi-Cone o Bic ya presionaron a los partidos para rebajar la ley en los artículos que afectaban a sus productos. También en el caso de las sanciones al alquiler turístico, el Govern se ha topado con multinacionales como AirBnb o Homeaway, en un pulso que ha desembocado incluso en la imputación del alcalde de Palma, Antoni Noguera. Por no hablar de la siempre presente presión de los turoperadores.
En el caso de la ley de Cambio Climático, las críticas por parte de los gigantes afectados vienen de lejos. Hace un año, en un foro en Madrid, el director general en España de la multinacional Europcar, José María González, criticaba en presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, el objetivo fijado de que toda la flota de rent a car de Balears fuera 100% eléctrica en 2030. «Será el sector y no Balears quien decida eso», retaba a la presidenta el líder del gigante del alquiler de coches. Al margen de las críticas, el Govern acordó rebajar la ley y retrasar esa fecha a 2035.
Con otras rebajas similares, el Govern logró adhesiones a su ley, que se ha tramitado durante casi un año sin sobresaltos y sin demasiadas reticencias. Se ha presentado en foros por toda Europa despertando el interés de otras regiones y países y, en reuniones privadas, la propia Comisión Europea aplaudía los planes del Govern de adelantarse a sus objetivos para prohibir la entrada de nuevos coches de combustión, fijada por la Unión en el año 2040.
Matices, nervios y cartas
Los nervios han llegado en el último mes, desde la denuncia ante la Comisión Europea por parte de la patronal de fabricantes de coches y camiones, Anfac, que considera que la ley «vulnera la libre circulación de personas dentro de España y en la Unión Europea» y rompe la unidad de mercado. La denuncia tuvo de inmediato el apoyo de las principales patronales españolas y de las islas, entre ellas la CEOE, Cepyme, CAEB o la patronal del rent a car Feneval.
Pese a que, desde Palma, la Comisión avanzaba una semana después que, a falta de analizar la norma, el adelanto de los objetivos no suponía «un problema», rápidamente se desdijo matizando su posición. Con el paso de los días, era el propio vicepresidente europeo Jirky Katainen quien trataba de tranquilizar al lobby defendiendo que aún «no tiene una postura clara» y vacilando entre el ánimo a tomar medidas para combatir el cambio climático y las reticencias por la preservación del libre mercado en Europa.
Sin embargo, el movimiento más desconcertante fue la carta el lunes, sólo un día antes de aprobarse la ley, del presidente de Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, José María Marín Quemada, solicitando la retirada y ofreciéndose a «ayudar» para ajustar la ley «a los principios de buena regulación». Una carta que fue tildada de «sorprendente» por parte del Govern, toda vez que no respondía a una decisión del consejo del organismo, sino exclusivamente a una decisión del presidente, y que llegaba fuera de todo plazo.
En el pleno del martes, el socialista Damià Borràs ponía sobre la mesa el pasado de Marín Quemada como «relaciones internacionales durante 25 años de Cepsa». «El PP tenía la carta de la CNMC dos minutos después de entrar en el registro. Que cada uno saque sus conclusiones», respondía esta semana el actual director general de Energía, Ferran Rosa.
Con un millón de habitantes, Balears representa un mercado insignificante para las grandes marcas. Sin embargo, tal y como entienden desde el propio Govern, donde los lobbies ven el riesgo de sus leyes ambientales es en que pueda tener un efecto contagio que ya no puedan detener. Las grandes industrias, las marcas y los lobbies han topado con unas islas incómodas. Y viceversa.
