El Servicio de Atención Social de los Juzgados (SASJ) de Ibiza atendió en 2018, su primer año de funcionamiento en la isla, a un total de 142 personas. Afectados por desahucios o por otros problemas de vivienda, investigados en causas judiciales o presos con permisos son algunos de los perfiles de los usuarios que atendió la trabajadora social de la Fundación IRES, María Herrera.
En enero del año pasado el Servicio de Atención Social arrancó en los Juzgados de Ibiza y tras trece meses de funcionamiento, la trabajadora social hace un balance «muy positivo». Sin embargo, reconoce que el incendio del pasado 17 de enero en la sede judicial de Isidor Macabich ha «trastocado» su actividad y desde entonces ofrece asistencia en un espacio habilitado en el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vila, en la tercera planta del edificio municipal Cetis.
La función principal del SASJ es servir de «puente entre el ámbito judicial y sociosanitario». «Hay personas que delinquen porque tienen problemas mentales o adicciones, por lo que se deben tener en cuenta sus circunstancias personales. Eso no quita que deban cumplir las condenas por los delitos cometidos, pero intentamos que, aparte del castigo, también se busque la reinserción», explica Herrera. Por ello, en los casos en los que sea posible, la trabajadora social recomienda que las penas incluyan procesos de rehabilitación. Por tanto, se trata de ofrecer los «mecanismos necesarios para que las personas puedan superar su situación y trabajar conjuntamente para evitar la reincidencia o la amplificación y/o cronificación de otras problemáticas», sostiene la trabajadora social de la Fundación IRES.
El perfil de las 142 personas atendidas en el primer año de funcionamiento de este servicio en los juzgados de Ibiza fue muy variado, según apunta Herrera a este diario. Como la Fundación IRES está preparando la memoria 2018 de su actividad en la isla, esta trabajadora social no puede dar datos concretos, pero sí señalar los casos más habituales en los que ha intervenido. Aparte de la asistencia a investigados, ya sea con o sin patologías o adicciones, destacan aquellos con conflictos familiares, sobre todo los derivados de separaciones y custodias de hijos.
«Intentamos dar un servicio psicosocial a los afectados para que el proceso legal posterior sea más fácil», explica la experta, que añade que en estas situaciones se coordina con los abogados de ambas partes. «La colaboración con el Colegio de Abogados es muy útil y tanto los letrados como los funcionarios de Justicia informan de este servicio y nos derivan a aquellas personas que necesitan asistencia social en los juzgados», remarca Herrera.
Investigados que están en prisión preventiva (en estas situaciones también se trabaja con los familiares), o presos con permisos son otros de los perfiles a los que atendió el SASJ para ayudarles en su reinserción. «Sobre estas personas hay muchos prejuicios y necesitan una atención psicosocial», subraya la experta.
Por último, Herrera también asistió a víctimas y denunciados en delitos de violencia de género en coordinación con los profesionales de la Oficina de Atención a las Víctimas.
