Los casos de desahucios, independientemente de las causas por las que se han producido, son los más duros y difíciles que atendió la trabajadora social del Servicio de Atención Social de los Juzgados, María Herrera. Son circunstancias límite en las que familias con hijos han estado a punto de quedarse en la calle al no poder hacer frente al pago, ya sea de alquiler o de la hipoteca del que era su hogar.

«Estas situaciones son muy complicadas, debido al problema de la vivienda de la isla. Nos está afectando a todos», lamenta Herrera. Cuando una persona o familia va a ser desahuciada y no se alcanza un acuerdo entre las partes, la trabajadora social se pone en contacto con los servicios sociales municipales para que los afectados no se queden en la calle. «Una persona sola puede intentar alquilar una habitación, pero para una familia entera es más difícil encontrar un lugar donde vivir porque los precios son inasumibles», insiste la experta.

En cuanto a la continuidad de este servicio tras las elecciones, la trabajadora social no sabe qué pasará, aunque cree que se trata de un recurso que ya está en la cartera de servicios sociales de Balears, pero depende del próximo equipo de gobierno del Govern.

Por ahora, el Servicio de Atención Social de los Juzgados continuará un año más en Ibiza, después de que la consellera balear de Servicios Sociales , Fina Santiago, y la directora territorial de la Fundación IRES Balears, Aina Capellà, firmasen la renovación de este concierto en las islas.

El Servicio de Atención Social de los Juzgados (SASJ) de Ibiza atendió en 2018, su primer año de funcionamiento en la isla, a un total de 142 personas. Afectados por desahucios o por otros problemas de vivienda, investigados en causas judiciales o presos con permisos son algunos de los perfiles de los usuarios que atendió la trabajadora social de la Fundación IRES, María Herrera.