La Fiscalía confirmó su petición de dos años de cárcel para dos acusados por un delito contra el medio ambiente por la construcción sin licencia de un «búnker», un sótano de unos 400 metros cuadrados, y de una «garita de seguridad», de unos 10 metros cuadrados, en una mansión de Platges de Comte, en Sant Josep. Estas obras fueron denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tras detectarlas en una inspección en helicóptero. El juicio, celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, quedó visto para sentencia.

Los acusados por este delito contra el medio ambiente son la exadministradora de la sociedad que gestiona esta propiedad privada de Platges de Comte y el dueño de una de las empresas subcontratadas para llevar a cabo trabajos de reforma. Sus defensas solicitaron sentencias absolutorias.

El primero en declarar ante la jueza de lo Penal número 2, Martina Rodríguez, fue el empresario. «En esta obra había entre ocho y nueve empresas grandes pero el dueño de la más pequeña, el autónomo, es el único que está sentado en el banquillo de los acusados», se quejó el denunciado tras declarar que le habían contratado para «alicatado y pintura» en el interior de una casa. «Como profesional, una reforma integral te permite poner baldosas y pintar», respondió el acusado a la fiscal.

A continuación, la que fuera la administradora única de la sociedad aseguró que ella desconocía las obras que se estaban ejecutando y que supo de ellas en febrero de 2014, cuando desde el Ayuntamiento de Sant Josep le informaron de que iban a inspeccionar la vivienda. Es entonces cuando comprobó que «las obras no se ajustaban a la licencia», otorgada en enero de 2014, por lo que dimitió como administradora única.

Sin embargo, su decisión no se formalizó hasta mayo, cuando fue sustituida por otra persona, quien, en su declaración en el juicio como testigo dijo que la acusada «se enfadó porque se estaba construyendo mucho», por lo que cesó de sus funciones.

La fiscal también le preguntó a la exadministradora cómo explicaba «tal desconocimiento» de la situación, a lo que le respondió que le «ocultaron información» y que le «engañaron».

Uno de los dos agentes del Seprona señaló que desde el helicóptero vieron unas obras, que se estaban llevando a cabo «en la segunda casa» de esta propiedad privada, «muy avanzadas» en esa zona protegida y que cuando se presentaron en el lugar observaron una «vivienda subterránea». «Esa casa siempre la he visto medio ruinosa. Nos llamó la atención la reforma, ya que una licencia menor no nos cuadraba con lo que estaba haciendo. Era surrealista», aseguró el agente del Seprona. Su compañero, por su parte, señaló que los «camiones y grúas» que vieron se correspondían con una «construcción grande, no con una obra interior». A la pregunta de los abogados de por qué no tomaron declaración a la que se definió como «la jefa de obra» y a los responsables del resto de empresas implicadas, el guardia civil contestó que «no colaboró nadie». «Nadie quiso colaborar en nada. Seguro que había más constructoras o gente de por medio, pero no localizamos a nadie más. Allí había un búnker», concluyó el agente del Seprona.