Kiko Mestre y Blanca Pou vuelven a tener sus teléfonos. Aparentemente los han recibido en las mismas condiciones con las que les fueron retenidos, pero hay un día oscuro en que los aparatos se escapan del control judicial. El magistrado firma una resolución basada en la «mengua de necesidad» de la retención. ¿Ha existido tal necesidad objetiva en algún momento y sobre todo, había base legal para llevarla a término? Sobran las voces que se indignan y responden en sentido negativo a ambas cuestiones.

Lo ocurrido entre el 11 de diciembre y ayer, antes que despejar interrogantes, los incrementa. Deja un grave poso de inseguridad y confusión en los trabajos profesionales vinculados al secreto y al tratamiento de fuentes periodísticas. Las personas consultadas podrán seguir confiando en la seriedad y el rigor de los informadores, pero ya saben que hay alguien capaz de irrumpir en su trabajo. Esta es la enorme diferencia desde el 11 de diciembre pasado. Es una cuestión de enorme gravedad. Hay un antes y un después. Nada será igual.

Nadie ponderó con serenidad las irreversibles consecuencias de enviar a la policia a las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca. No es que la necesidad de hacerlo haya «menguado». Lo inexistente no puede disminuir.

Los periodistas y sus empresas mantienen la querella contra el juez por presunta conculcación de derechos básicos como consecuencia de un revuelo que, para más inri, no ayuda al fin pretendido sobre el papel. La intervención de teléfonos a periodistas no aporta clarificaciones al caso Cursach. Todo lo contrario, se convierte en uno de sus efectos colaterales con notable repercusión social.