Después de fallar en todos los anuncios hechos a lo largo de este mandato, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza dieron a principios de octubre el tema de la estación de autobuses (Cetis) por resuelto y preveían que «en pocas semanas» se procedería a su reapertura. Casi 12 semanas (tres meses) después, la consellera de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, reconoció ayer que la puesta en funcionamiento de la terminal «se puede retrasar un par de meses» más. Lo dijo en la reanudación del pleno extraordinario que se suspendió el jueves en el que se aprobó, con la abstención del PP, la prórroga «extraordinaria» de las concesiones de las líneas de autobús por un periodo máximo de dos años.
La consellera explicó que, inicialmente, se preveía aprovechar la modificación del contrato con las cuatro compañías para prorrogar las concesiones e incorporar también la obligatoriedad de que la estación de autobuses sea el punto de origen y destino de las líneas. Pero el equipo de gobierno desistió de ello tras aceptar las alegaciones de tres de las cuatro empresas de autobuses en contra de que la obligatoriedad de entrar en el Cetis se tramitara por la vía de urgencia sin prever el sobrecoste (y su compensación) que supondrá.
Paradójicamente, las empresas HF Vilás y Autobuses San Antonio, que actualmente son propiedad de Sagalés, concesionaria del Cetis y la primera interesada en la puesta en funcionamiento de la estación, han alegado en contra de que se tramite por la vía de urgencia.
HF Vilás, ahora en manos de Sagalés, alegó «la imposibilidad de evaluar el menoscabo económico» que le supone la entrada en la estación, que también explotará, «por no existir un estudio económico del Consell». Además, ante el escaso margen de audiencia otorgado (la tramitación de la vía de urgencia reduce el plazo), esta compañía alegó que no había tenido tiempo suficiente para cuantificar el coste que supondrá que los autobuses hagan «un mayor kilometraje, la aplicación de las tarifas» e incluso, apuntó, «la pérdida de pasajeros». «Esta cuantía indeterminada obligaría al Consell a disponer de una partida suficiente que no está prevista en el presupuesto de 2019», argumentó.
Sobrecoste de 678.000 euros
Las otras compañías también alegaron que la entrada en la estación de autobuses supondrá «un elevadísimo coste», aunque sólo Voramar el Gaucho (ahora en manos de Alsa) lo cuantifica: 678.000 euros al año. Este sobrecoste es al margen de los 800.000 euros previstos por el Consell en 2019 para abonar las tarifas que debería asumir cada empresa por la entrada y salida de cada autobús del Cetis.
Ahora, el Consell abrirá otro expediente para tramitar la modificación del contrato y constatar si la apertura del Cetis supone un coste adicional y decidir, si se confirma, cómo compensarlo, ya sea con la subida del precio del billete o con el incremento de la subvención. «Espero que no sean meses [de tramitación]», dijo tras el pleno.
Otra de las causas por las que el Consell ha aceptado las alegaciones de las compañías obedece al hecho de que a día de hoy, desde finales de agosto, ni la concesionaria del Cetis ni el Ayuntamiento de Eivissa han acreditado el cumplimiento de dos de las condiciones técnicas impuestas para reabrir la terminal: la instalación de un detector de emisiones de gases y la reordenación del exterior de la estación (señalización de paradas y prohibición de estacionamientos), respectivamente.
La consellera del PP Pepa Costa tachó de «fracaso» la gestión de la reapertura del Cetis. «Ha sido una legislatura perdida», dijo, al tiempo que acusó al equipo de gobierno de «engañar» a los ciudadanos. «Hace dos o tres años la apertura de la estación ya iba a ser inminente», recordó Costa.
Sobre la prórroga de las concesiones, Costa criticó «las prisas» con las que se ha tramitado el expediente. La consellera del PP reveló que, según el informe de fiscalización de Intervención, este órgano de la Administración recibió el expediente el miércoles (a las 14 horas) «sin el tiempo necesario para informar». Además, el pasado día 20 la jefa de la sección de gestión jurídica del departamento de Transportes emitió un informe, sobre la prórroga, sin concluir si era favorable o desfavorable, por lo que al día siguiente, apunta la interventora, se incorporó otro informe complementario al anterior, que concluía que era favorable, pero en el que no se identificaba el nombre del técnico que lo firmó.
La consellera asume su «culpa»
La consellera de Movilidad, que reconoció «la culpa» de llegar a final de año sin la nueva concesión de las líneas de autobús, defendió que la tramitación del expediente es «legal» y que el asesor jurídico del departamento que firmó el informe complementario está capacitado para ello. En su réplica, Costa puntualizó que no había dicho que la tramitación del expediente fuera ilegal, sino que es una muestra de «la negligencia» del equipo de gobierno por tramitar un asunto de esta importancia «deprisa y corriendo». «Nos parece muy grave».
En defensa de su gestión, Pepa Marí remarcó que se ha aumentado el 80% del gasto en transporte público (con las tarjetas de descuento para los mayores y jóvenes, el Nit Bus y otras mejoras) y que la normativa europea obliga a licitar de nuevo las concesiones del transporte público en toda España y que en ninguna comunidad autónoma, al igual que en el caso de Eivissa, se ha llegado a tiempo. «Tontos lo somos todos», indicó.
