La concesionaria de la gestión del vertedero de Ca na Putxa, la Unión Temporal de Empresas Giref, ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por «la inactividad» del Govern en el cumplimiento de la financiación prevista en el Plan Director de Gestión de Residuos de Ibiza y Formentera, aprobado en 2001. Se refiere al 30% de las inversiones de adecuación y construcción de las plantas de tratamiento de los residuos no subvencionables por la Unión Europea.
El Consell de Eivissa también reclama el cumplimiento de lo previsto en el plan de residuos, que cuantifica en un total de 22,4 millones de euros, aunque, a diferencia de la UTE Giref, no ha optado por la vía judicial. El pasado mes de mayo, el anterior conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad, aseguraba que el impago de la Comunitat Autònoma suponía «un agravio comparativo con Mallorca» porque, en este caso, el Govern balear había destinado 40 millones de euros a financiar las obras previstas en su plan de residuos, al tiempo que destacaba que si el Govern hiciera lo mismo en Ibiza se produciría una bajada de las tasas que abonan los ciudadanos por la recogida y gestión de la basura.
Sin embargo, la conselleria balear de Medio Ambiente defiende que no tiene la obligación legal de abonar lo que reivindican tanto la concesionaria de la gestión de Ca na Putxa como el Consell, aunque está dispuesto a «colaborar en la financiación» de las obras de la planta de triaje, ya que darán «un giro a la gestión de residuos en la isla». El director general de Residuos del Govern, Sebastià Sansó i Jaume, ya explicó hace unos meses a este diario que el mismo plan de residuos incluye una disposición adicional, la novena, que especifica que, en un plazo no superior a un año desde su entrada en vigor (2001), el Govern y el Consell (entonces de Ibiza y Formentera) debían firmar un convenio de colaboración para acometer las actuaciones conjuntas previstas en el documento».
«No sólo no se firmó, sino que hasta el año 2006, coincidiendo con el hecho de que Menorca tramitaba la renovación de su plan de residuos y hacía esta reclamación, el Consell de Ibiza no hizo lo mismo. En su momento, en el periodo que era vinculante, y que hubiera sido automático, no se hizo ninguna reclamación», explicó Sansó i Jaume en mayo, en respuesta a la reivindicación del Consell.
También dijo entonces que el Govern pagó el 30% de las obras de Mallorca (40 millones de euros) porque en este caso sí se firmó el convenio en el periodo legal» previsto en el plan de residuos.
«No tiene razón de ser»
El director general de Residuos se basa ahora en este argumento para descartar que el contencioso administrativo de la UTE Giref pueda prosperar. Y no sólo este. Sansó agrega que este proceso judicial «no tiene razón de ser» porque es el Consell , y no el Govern balear, el que mantiene «una relación contractual» con la concesionaria de Ca na Putxa. «Supongo que tiene sus motivos y son respetables, pero para nada el Govern puede pagar algo directamente a la UTE Giref. Legalmente es inviable», resalta.
Dicho esto, Sansó insiste en que el Govern balear «colaborará económicamente» en la construcción de la planta de triaje y que así se lo ha manifestado al conseller insular de Medio Ambiente, Gonzalo Juan. «No está avanzado. Nos tienen que decir de qué manera se tiene que hacer y tenemos que negociar la cantidad», indica.
Por su parte, el Consell de Eivissa se limita a apuntar que «de momento no hay ninguna novedad» sobre la negociación con el Govern» y que en enero está prevista una reunión.
