El Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer en pleno, con el voto a favor del equipo de gobierno y Guanyem y la abstención del PP y Alternativa Insular (Al-In), el incremento de la flota de taxis del municipio con 23 licencias fijas más, aunque de momento sólo se concederán 12. Precisamente, en un segundo punto, el pleno acordó las bases del concurso para la adjudicación de las primeras 12 licencias de taxi.

La ampliación de la flota obedece a un estudio encargado por el Consistorio que concluye con «la necesidad» de que se pongan en circulación en abril, la primera quincena de mayo y la segunda de octubre (cuando no operan los estacionales) 23 taxis más.

Con los 12 nuevos taxis, que deberían operar a partir de abril, el número de licencias fijas de Sant Josep ascenderá a 96, según explicó la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, que destacó «la novedad» de que los beneficiarios de estos permisos (conductores del taxi asalariados) podrán pagar el coste de la licencia (180.000 euros) en tres anualidades.

Ribas justificó la decisión de conceder ahora sólo 12 licencias en el hecho de que el Consistorio aún no ha recibido «oficialmente» la sentencia que, tal como publicó este diario, ha anulado la adjudicación de siete permisos de 2015, tres de ellos para vehículos adaptados. El equipo de gobierno prefiere esperar y disponer de las 11 licencias para adjudicarlas a alguna de las personas que, en cumplimiento del fallo judicial, se quede sin la que el Ayuntamiento le concedió hace tres años y evitar con ello el pago de indemnizaciones.

Sólo cuenta la antigüedad

Ribas también explicó que ahora se aplicará el criterio estricto de antigüedad, sin considerar las horas trabajadas, a la hora de adjudicar las nuevas licencias. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) anuló los siete permisos otorgados en 2015 a raíz del recurso de un licitante que se quedó fuera, pese a que sólo cinco de los siete adjudicatarios tenían una mayor antigüedad. La contabilización de las horas trabajadas (criterio ahora eliminado) le penalizó.

Entre las siete licencias anuladas por el TSJB, tres son para vehículos adaptados. Por ello, tampoco se prevé ahora adjudicar en la primera fase ninguna licencia de este tipo y, según Ribas, se dejan para la segunda.

La portavoz del PP, Neus Marí, expresó su «extrañeza» por la decisión de conceder sólo una parte de las licencias que necesita, según el estudio, el municipio, ya que en el pasado mandato, Paquita Ribas criticó que el equipo de gobierno del PP actuara igual a la hora de ampliar la flota de taxis.

Por su parte, el portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, se mostró crítico con la política de movilidad del equipo de gobierno y aseguró que no entendía que no se adjudicaran todas las licencias de una vez. «Si un estudio indicara que faltan 23 médicos, nadie estaría a favor de que se saquen 12 plazas», dijo, aunque su grupo votó a favor «por responsabilidad».

Por su parte, el portavoz de Al-In, Vicent Torres, dijo que estaba de acuerdo en que se amplíe la flota de taxis con 23 vehículos más, pero «no para todo el año». «El futuro pasa por las estacionales».