El Ayuntamiento de Sant Josep ha iniciado el proceso de revisión «a la baja» de las tarifas del agua. El pleno ha aprobado esta mañana, con el voto a favor del equipo de gobierno (PSOE) y Alternativa Insular (Al-In) y la abstención del PP y Guanyem, requerir a Aqualia, la empresa concesionaria del abastecimiento y saneamiento del agua en el municipio, para que en un plazo de dos meses como máximo entregue un estudio sobre el coste del servicio y las tarifas que corresponda abonar. Si no lo hace, el Consistorio acometerá esta revisión por su parte, según ha explicado el segundo teniente de alcalde, Ángel Guerrero.
Guerrero ha indicado que en el año 2016 se hizo la última revisión del precio del agua, que se sitúa en una media de 1,25 euros el metro cúbico, pero que ahora la situación actual ha cambiado y, según estima, el precio medio debería ser de 1,08 euros. «Entendemos que hay un desequilibrio económico en favor de Aqualia y que gana más dinero del que, por contrato, le corresponde», ha dicho. El segundo teniente de alcalde ha justificado que el equipo de gobierno ha acometido en este mandato con recursos propios una inversión de «más de siete millones de euros» en la mejora de la red de agua, con lo que se han reducido las pérdidas del agua. Todo ello, además de la puesta en marcha de la desaladora de Santa Eulària, abarata el coste del agua, según ha remarcado Guerrero.
El concejal del PP Javier Marí, que se ha mostrado muy crítico con el equipo de gobierno sobre su gestión del agua, ha calificado la propuesta aprobada de ser «un paripé» para «buscar el titular en la prensa», ya que para pedir a la empresa concesionaria que presente un estudio sobre los costes que soporta el servicio en la actualidad «no era necesario que lo aprobara el pleno». Más aún, ha subrayado, si el equipo de gobierno «ya dispone de la información» de que se ha reducido el coste del agua a 1,08 euros.
El portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, también ha dicho que no entendía la petición del equipo de gobierno y ha insistido en la necesidad de que se «municipalice el servicio», ya que un recurso tan «esencial», que, además es «un derecho humano», está «amenazado» en este municipio. «Con esta concesión, sólo hay problemas. Si continúa en manos privadas, seguirán estas deficiencias», ha añadido.
Por su parte, el portavoz de Al-In, Vicent Torres, tampoco ha entendido la iniciativa del equipo de gobierno, pero ha destacado que «hay que mirar de bajar el precio y mejorar el servicio».
12 nuevas licencias de taxi y mejora de la limpieza
El pleno también ha aprobado la ampliación de la flota de taxis del municipio con 23 nuevas licencias, aunque por ahora el equipo de gobierno sólo ha iniciado los trámites para conceder 12. El coste de las nuevas licencias se sitúa en 180.000 euros y, por primera vez, por la buena situación económica de la institución se abonarán en tres anualidades.
Además, se ha aprobado por unanimidad el programa de limpieza y recogida de basura del municipio para 2019, que, con un incremento del presupuesto de 215.000 euros, supondrá una serie de mejoras, como el aumento del servicio de limpieza con agua a presión en temporada media, al igual que la recogida de voluminosos. También se incrementará la limpieza de contenedores y su entorno y se aplicará un nuevo sistema para eliminar chicles de las calles en las zonas urbanas, especialmente en Platja d'en Bossa y Cala de Bou. Se comprarán tres vehículos nuevos, se instalarán placas solares para la recarga de los vehículos eléctricos de la concesionaria y la educadora ambiental pasará de tener una dedicación de media jornada a completa. El coste del servicio es de 5,2 millones al año.
Nueva contrata del alumbrado público
El pleno también ha aprobado por unanimidad sacar a concurso la gestión del alumbrado público durante un periodo de 15 años con un coste de ocho millones de euros. El segundo teniente de alcalde, Ángel Guerrero, ha destacado que esta concesión supondrá un ahorro anual para el Ayuntamiento de 170.000 euros en la factura de la luz y una reducción anual de 550 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La empresa que obtenga la contrata tendrá que acometer una inversión inicial de dos millones de euros en la renovación del alumbrado público, que contempla la sustitución de todas las luminarias por leds y la instalación de un sistema de regulación de la iluminación.
